Advierten un “chayotegate” por opacidad en recursos para medios

Sin criterio alguno, la administración federal pasada privilegió a cinco medios de comunicación en la asignación de publicidad gubernamental: Televisa, Grupo Imagen, Televisión Azteca, Excélsior y El Universal.

Bajo el concepto de pago por servicios de comunicación y publicidad, el gobierno federal que encabezó Enrique Peña Nieto destinó varias bolsas millonarias a cientos de empresas de la información, en donde no se especifica la retribución y los impactos que tuvieron sobre este rubro.

Por ejemplo, Televisa S.A. de C.V., obtuvo una partida superior a los 9 mil millones de pesos en seis años. En el segundo puesto se ubicó Televisión Azteca, la cual se hizo de 5 mil 319 millones 429 mil pesos y el tercer lugar se lo llevó El Universal, con una bolsa de mil 450 millones de pesos.

Ante este escenario, especialistas en medios de comunicación hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para fijar reglas claras sobre la disposición de los recursos públicos que se brindan bajo este concepto.

Incluso calificaron la entrega de miles de millones de pesos por el gobierno priista a empresas y medios en el sexenio pasado como chayotegate, debido a que en ningún momento se transparentaron los recursos que se entregaron en este lapso.

Claudia Benassini, especialista en medios de la Universidad La Salle, sostuvo que se comprometió la línea editorial de varios periódicos bajo la excusa de inserciones oficiales, por ello aseguró que se deberán establecer los lineamientos para la entrega de bolsas económicas a corto y mediano plazo.

“Hasta hace poco el criterio era de pagar para acallar críticas, es decir, se entregaba dinero a cambio de hablar bien o apagar cuestionamientos en contra del gobierno federal; sin embargo, ahora se deben fijar perfectamente los criterios para no cometer el mismo error”, externó.

La especialista detalló que aún cuando Andrés Manuel López Obrador se comprometió a ser imparcial en la entrega de recursos públicos a los corporativos de la información, es evidente que existe cierta preferencia a algunos periódicos y televisoras.

Al respecto, Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, coincidió que se debe regular -y en su caso cerrar- el dispendio de dinero a periodistas, columnistas y medios de comunicación en el país por parte de la administración federal.

“Vendieron su alma al diablo y obtuvieron un recurso injustificado por parte de la autoridad federal”, entripó el directivo.

¿Y los youtubers?

Hasta el momento, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, ha permitido la entrada a las conferencias matutinas a todo tipo de personas; entre ellos youtubers, influencers y blogueros, quienes han solicitado que se les brinde una rebanada del pastel de los recursos de publicidad oficial.

Ante ello, Benassini consideró que sería un error que la administración federal concediera una parte del presupuesto a este sector de la población, toda vez que no cumplen cabalmente con las funciones de un periodista.

“Definitivamente no, ellos (los youtubers) tienen otras formas de financiamiento, por ejemplo, los patrocinios de otras marcas, las cuales regularmente se interesan en pagarles por algún comentario o video. De aceptar entregarles recursos públicos, serían ahora los medios ‘fifis'”, condenó.

A la par, el colectivo conformado por organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y especialistas #MedioLibres se pronunció para que la gestión de López Obrador, de una vez por todas, ponga candados a la publicidad, como lo prometió en campaña.

“Señor presidente, se le solicita que pida al Congreso priorizar la abrogación de la Ley General de Comunicación Social, la elaboración de una iniciativa de ley preferente propia del Ejecutivo y la apertura de un debate amplio con un proceso de parlamento abierto para aprobar una nueva norma”, exhortó la organización a través de una misiva.

De esta forma contemplarían reglas para transparentar el gasto publicitario oficial y cerrarían la llave de dinero para comprar o condicionar líneas editoriales, así como acallar críticas al gobierno en turno.

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, anunció que el gasto en publicidad en 2019 será de cuatro mil 711 millones de pesos, y precisó que, por primera vez en más de una década, no se invertirá más en medios de lo aprobado por el Congreso.

Incluso detalló que se valora una Ley de Comunicación Social la cual cuente con un padrón de medios y mida sus audiencias con el objetivo de fijar los parámetros en la entrega de capital.

También informó que uno de los objetivos centrales es “incentivar la comunicación interactiva gobierno-ciudadanía para potenciar el impacto de la acción gubernamental en el bienestar de la población”.

De esta manera, agregó, se buscará que el gobierno federal garantice el pleno ejercicio de la libertad de expresión, transparente la acción gubernamental y además erradique la práctica de la entrega del llamado chayote tanto a periodistas como empresas de la información.

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