Javier Orozco | Columnista, Abogado

Antena / De vuelta al estatismo mediático

El miércoles pasado se publicó el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2021 (PABF 2021) por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es un documento relevante debido a que permite visualizar que licitaciones de frecuencias comerciales habrá en un futuro y que frecuencias se asignaran en forma directa a medios públicos y concesionarios sociales.

Se insiste en que más allá de que el IFT considere las meras solicitudes de que haya más estaciones de radiodifusión, se debe valorar si el mercado permite la viabilidad de estas a través de estudios de mercado, además de que se debe evitar generar un fenómeno pernicioso de licitar o asignar; sólo por cumplir un mandato legal. El “bandera” de la “sequía” espectral ya paso y dadas las condiciones económicas del país, se debe ser un administrador objetivo del espectro.

Aunado a lo anterior, en el PABF 2021 advertimos una tendencia en asignar un mayor número de frecuencias a las estaciones gubernamentales (51 frecuencias que representan 54 por ciento del total) y a las llamadas estaciones sociales (27 frecuencias correspondiendo 29 por ciento). Y ocurre algo semejante en el PABF de 2020 donde la balanza se inclina hacia las concesiones públicas y sociales.

Y no sólo se trata de dar más frecuencias, sino que también estamos ante la entrega de mayores recursos públicos, ya que al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 se propone otorgarle mil 14 millones de pesos (mdp), un aumento de 800 mdp respecto del año en curso. ¿En realidad es una prioridad dar más recursos presupuéstales a un medio gubernamental en plena crisis económica y sanitaria?

Sólo tengamos presente los casos de Venezuela y Bolivia, donde fomentar mediante recursos (espectro y dinero público) a medios afines al Gobierno e incrementar los medios sociales o comunitarios (muchos de ellos con antecedentes como estaciones piratas), va configurando un modelo estatista de comunicación. Todo indica que se está creando un sistema informativo gubernamental previo al año electoral, sin dejar de considerar el constante asedio a la prensa mexicana y la Sociedad Interamericana de Prensa ha reconocido.

INTERFERENCIAS

En ese mismo tenor, si bien aún se visualiza lejana la Consulta Popular para enjuiciar a los “actores políticos” que será en agosto de 2021, misma que es impulsada por el actual régimen, es predecible que dicho proceso de participación ciudadana vaya a dar pie a requerimientos y sanciones excesivos para la industria de la radio y televisión por parte del Instituto Nacional Electoral respecto de la cobertura noticiosa, aduciendo falta de “imparcialidad” de los medios, o bien que el Gobierno vaya a señalar que se está sesgando la decisión del “Pueblo bueno”.

Lo cierto, es que no hay forma de generar una “discusión informada” como lo dice la Ley de la materia ante una pregunta tan rebuscada, sin duda el año 2021 será difícil para la radiodifusión en cuanto a la cobertura política electoral: comicios y consulta.

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