Javier Tejado Dondé | Analista, Columnista, Abogado.

Espectro / Aún no hay padrón de telefonía y ya empezó el espionaje

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la ministra Norma Piña, ha otorgado la primera suspensión para la entrada en vigor del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

Acertadamente, la ministra, en la Controversia 71/2021, dio la suspensión para que no empiecen a correr los plazos y no se implemente el padrón de móviles, toda vez que el Congreso no asignó recursos al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Tan mal pensado estuvo el Panaut, que a los legisladores se les “olvidó” asignar presupuesto para que el IFT pudiera almacenar con seguridad los datos y biométricos de los usuarios de telefonía móvil en el país. Algo que, de inicio, costará unos 700 millones de pesos, la mitad de todo el presupuesto que asignaron al IFT en 2021 (1,510 millones) y cuyo destino está etiquetado a otros rubros.

Así que, al no dar dinero al IFT para el programa y, de alguna forma, pretender que lo implementara con recursos que tenían un destino específico, también aprobados por el Congreso, hizo que la Corte otorgara una suspensión a la entrada en vigor del padrón de móviles. Lo que es una buena noticia para evitar riesgos a nuestra privacidad, además de lo poco que este padrón aportará en el combate real al crimen organizado.

De hecho, el padrón aún no existe y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), instancia que, a nivel federal, ha venido empujando su creación, ya empiezan a abusar de facultades y de la información que tiene el gobierno en sus archivos. Pues, desde fuentes federales, que han pedido su anonimato, se ha informado que el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja ha solicitado información de los columnistas que han escrito contra el Panaut. Yo incluido. Tal como señaló en la conferencia mañanera, busca encontrar los vínculos de periodistas con empresas de telefonía móvil. Lo que denota poca capacidad de autocrítica por una ley que sencillamente está mal diseñada, como adelanta la SCJN. Pero, sobre todo, evidencia el mal uso que pueden hacer ciertos funcionarios si se les entregara la información y biométricos de los usuarios de celulares.

Es cierto que los archivos estarán bajo resguardo del IFT, cuyos comisionados han tenido una larga e intachable trayectoria de servicio público. Pero la ley establece que podrán acceder al padrón las “autoridades de seguridad de procuración y administración de justicia”. Así, prácticamente cualquier policía y ministerio público tendrá acceso a información sensible de los mexicanos que cuentan con un celular.

Dado que el Presidente ha adelantado que presentará una iniciativa legal para que la Guardia Nacional sea transferida legalmente a la Sedena —lo que en realidad, hoy en día acontece operativamente—, de aprobarse ésta, serán los militares los que llevarían el liderazgo del gobierno federal en relación al Panaut. Esto es una buena noticia por dos motivos: primero, porque no se van a prestar a los excesos que están cometiendo algunos en la SSPC y, segundo, porque los mandos castrenses conocen las formas que utiliza el crimen organizado para comunicarse y esto no es con celulares comprados en tiendas departamentales.

Una mejor noticia es que, al parecer, los días del Panaut están contados en la SCJN, al violentarse varias disposiciones constitucionales referentes a la privacidad de datos personales, a los derechos humanos y al derecho a la información/conectividad. Al tiempo.

Cambiando de tema:

Con el nivel de violencia que hay en varias partes del país, todos debemos apostar por la legalidad y apoyar al Estado. Pero, parece que algunos confunden en donde está el enemigo.

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