IFT inicia investigación en telecomunicaciones

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) inició, de oficio, una investigación para determinar la probable existencia de agentes económicos con poder sustancial en el o los mercados de redes de telecomunicaciones que presten servicios de voz, datos o video, a escala nacional, estatal, regional y/o local, radicado bajo el número de expediente AI/DC-001-2021.

En acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se advierte que la investigación no prejuzga sobre la existencia de poder sustancial por parte de agente económico alguno, sino que únicamente se inicia en estricto cumplimiento a lo señalado en el párrafo quinto del artículo noveno transitorio, y conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Federal de Competencia Económica.

De la misma forma se establece que el IFT investigará las concentraciones en un plazo no mayor a 90 días naturales, lo cual implica que la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones debe agotar todas las actuaciones de investigación dentro de tal periodo.

Conforme al artículo 115, párrafos primero, segundo y cuarto de la Ley Federal de Competencia Económica, las actuaciones se practicarán en días y horas hábiles, y se podrán habilitar los días inhábiles cuando hubiere causa que lo justifique.

El mandato establecido en el artículo noveno transitorio constituye una causa que justifica habilitar los días inhábiles comprendidos en los noventa días naturales del periodo de investigación de la concentración objeto de estudio de la presente investigación.

A su vez, las investigaciones a cargo de la Autoridad Investigadora deben considerarse de interés social y de orden público, en virtud de que la finalidad que persiguen es proteger el interés general y el proceso de competencia y libre concurrencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

En ese sentido, la habilitación de días Inhábiles es una medida que posibilitará a la Autoridad Investigadora del instituto federal cumplir con su mandato constitucional y legal tendiente a garantizar la competencia y libre concurrencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y le permitirá allegarse de información útil dentro del plazo legal de 90 días naturales.

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