29 de marzo de 2024

Riesgo de Censura

31/01/22

Las condiciones para hacer periodismo y ejercer la libertad de expresión en México son, desde hace años, riesgosas y precarias. Además, acontecimientos recientes contra periodistas muestran que la tendencia podría empeorar antes de mejorar.

El 2022 inició con un saldo alarmante, pues con menos de dos semanas de diferencia, entre el 10 y el 23 de enero, fueron asesinados los periodistas José Luis Gamboa, de Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ambos en Tijuana, Baja California, lo que desató tanto la preocupación como la indignación del gremio.

Para el día 25, se realizaron movilizaciones y protestas en 47 ciudades de la República en donde se denunciaron tanto la violencia e impunidad a la que están expuestos los periodistas mexicanos, la inacción y muchas veces complicidad de las autoridades que deberían garantizar su seguridad, así como las condiciones laborales que ofrecen los medios de comunicación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador trató de desactivar la situación asegurando que, en estas situaciones, “siempre o casi siempre se detienen a los agresores”. Así como reclamó no hacer “politiquería” con el asesinato de Maldonado, quien pidió su ayuda en 2019 al sentirse amenazada por el morenista Jaime Bonilla, posteriormente electo gobernador de Baja California.

Sin embargo, fue la misma Secretaría de Gobernación la que corrigió la plana al primer mandatario. Pues Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció dos días después que, de 52 asesinatos de periodistas registrados en esta administración, solo se ha sentenciado a cinco responsables.

Con un año de diferencia, la cifra sigue igual. El 25 de noviembre de 2020, Encinas reconoció que, de los 38 asesinatos de periodistas cometidos en México desde el inicio del Gobierno de López Obrador hasta esa fecha, solo se había resuelto el cinco por ciento y “la mayor parte de los homicidios en años anteriores permanecen en la impunidad”.

El subsecretario Encinas también se refirió a esta crisis como “otra guerra sucia”. Y es que, con la cifra oficialmente reconocida por la Segob, esta primera mitad del sexenio de López Obrador resultó más letal para periodistas que la totalidad del gobierno de Felipe Calderón, cuando se asesinaron 48, y de Enrique Peña Nieto, cuando se ultimaron 47, según registra Artículo 19.

Al respecto, Reporte Índigo entrevistó a Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), quien comenta algunos de los factores que influyen en que los tres niveles de gobierno fallen en garantizar la seguridad de la prensa y los defensores de derechos humanos.

“Lo que está pasando tiene su base en lo que es la historia de los últimos 40 a 50 años. Lo que vemos es el efecto acumulativo de muchos años de proliferación del crimen organizado en casi todo el territorio nacional, la erosión del Estado de Derecho en general y la corrupción de, por ejemplo, cuerpos policiacos y las fiscalías”.

A propósito de las aclaraciones que hizo el subsecretario Encinas, Hootsen también recalca que la impunidad es un factor clave para que figuras que ven afectados sus intereses recurran a la violencia extrema contra periodistas. Siendo que, en el Índice Global de Impunidad que CPJ publica anualmente, México solo es superado por zonas de guerra.

“No hay un incentivo para no cometer este tipo de agresiones y lo que hemos visto ahora, si bien no tiene directamente que ver con el actual Gobierno, sí tiene que ver con su falta de actuación. Porque el Gobierno de López Obrador durante tres años ha hecho, lamentablemente, muy poco para detener todo esto”.

También aborda el tema del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actualmente da atención a más de mil 500 personas, sin embargo, sus herramientas resultan relativamente escasas ante la realidad del país y opera de forma centralizada en la Ciudad de México.

Hootsen recuerda que, tras los asesinatos de Javier Valdéz y Miroslava Breach en 2017, el presidente Enrique Peña Nieto emitió un decreto para la creación de mecanismos estatales. A cinco años, menciona que, salvo la Ciudad de México, la mayoría de las entidades, o no tienen uno, o las que lo tienen presentan deficiencias en cuanto a autonomía y presupuesto.

“Cualquier iniciativa para fortalecer un mecanismo de protección tiene que, por defecto, integrar elementos que mejoren la búsqueda de justicia. Si no lo hacen, los mecanismos, aunque tengan recursos, siempre van a ser reactivos y solo van a poder reaccionar después de los hechos”.

En ese sentido, plantea la necesidad urgente de impulsar un paquete de reformas con este fin. Siendo que, a mediados de enero, la subsecretaría a cargo de Encinas inició los diálogos para la elaboración de una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

** Riesgo de censura

En medio de la crisis de violencia que acosa al periodismo mexicano, la Suprema Corte de Justicia abrió la puerta al control de los contenidos que se publican en radio y televisión, lo que también causó alarma por los posibles casos de censura o incluso autocensura que esta medida podría causar.

El 19 de enero, la Primera Sala del máximo tribunal falló a favor de ordenar a los concesionarios que distingan entre información y opinión en sus programaciones, así como de la publicidad, y revocó su potestad para elaborar sus propios códigos de ética, pidiendo al Congreso de la Unión que devuelva esta facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión respondió al fallo de la Primera Sala con una serie de posicionamientos sobre las implicaciones que esta medida tendría, desde las imposibilidades técnicas que representa, hasta los riesgos para la libertad de expresión de someter los contenidos al escrutinio ético de las autoridades.

José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la CIRT, se mostró particularmente crítico de la cuestión de los códigos de ética al abordar el tema. Pues considera que dotar al IFT de la facultad para regular no sólo las concesiones, sino también los contenidos, sería algo propio de regímenes antidemocráticos como los de China o Cuba.

Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), dice a Reporte Índigo que comparte la preocupación por los alcances que este fallo pueda tener en el ejercicio de la libertad de expresión, si bien también aclara que la división que ahora mandata la Primera Sala es un principio periodístico.

“La separación de hechos y opiniones es un principio tradicional muy importante en el periodismo serio en todo el mundo, no solo en México, también en Estados Unidos, en Europa. Pero tradicionalmente, y en mi opinión como debe de ser, es algo que se autorregula en los medios, no algo que se impone desde arriba por parte de un Gobierno”.

De igual manera, dio cierto grado de razón a las advertencias de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión respecto a que “en la práctica es imposible” cumplir con el requerimiento de separar los contenidos, así como que es poco deseable que los medios no puedan desarrollar sus propios códigos de ética.

Por tal motivo, señala que “en el momento que un juez decide que los hechos y las opiniones deben ser separados, quiere decir que se está metiendo en las prácticas periodísticas. Lo cual pone en riesgo la autonomía y la independencia de los medios, así como su posibilidad de criticar”, coincidiendo con las advertencias de posibles casos de autocensura a partir de esta medida.

“Es algo muy extraño y de hecho sorprende de todas formas ese fallo porque la Suprema Corte de Justicia tiene una buena tradición de mantener firmes posiciones sobre la libertad de expresión. Entonces, es un poco una reversa lo que está pasando aquí. Es preocupante y tenemos que estar muy pendientes de lo que va a pasar”.

** “Son muy pocos periodistas”

Si bien la relación entre el Ejecutivo federal en turno y la prensa en México históricamente ha sido de hostilidad o sumisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su estrategia de confrontarse con los medios de comunicación aún en plena crisis de asesinatos de periodistas. Así lo demostró en la semana posterior al asesinato de Lourdes Maldonado.

Jan-Albert Hootsen, representante en México de CPJ, explica que “el mayor problema con el discurso del Presidente no es tanto que él y su Gobierno estén cometiendo actos de violencia contra periodistas, no creo que exista una violencia física sistematizada, sería equivocado suponer algo así, sin embargo, esto no significa que no tenga consecuencias.

“El compromiso que él tiene con el tema de violencia e impunidad contra periodistas, no se materializa mucho. A final de cuentas, está más preocupado por cuestiones de política, de ideología, en generar divisiones entre los medios y el Gobierno. Es grave, quiere decir que no existe voluntad para implementar las reformas que estamos pidiendo”.

Como ejemplo, menciona que, a días de que su administración contabilizara 52 periodistas asesinados en poco más de tres años, el primer mandatario dedicó buena parte de su conferencia mañanera a decir que “son muy pocos los periodistas que están cumpliendo con el noble oficio de informar” y reiteró su interés en exhibirlos públicamente.

Hootsen advierte que esto también debe causar preocupación ya que, tradicionalmente, el Gobierno de México no suele moverse y actuar si no es bajo presión de la opinión pública. Algo que se dificulta cuando es el mismo Presidente quien se encarga de desacreditar a figuras como los periodistas del país.

“El Presidente tiene un apoyo popular muy grande, muy ideológico y muy leal. Muchas personas le siguen en sus comentarios y, cuando el Presidente está constantemente diciendo que los periodistas son “mentirosos”, “adversarios”, entonces va a ser cada vez más difícil convencer a la opinión pública de que investigar crímenes contra la prensa es importante”.

Fuente: http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20220131&ptestigo=f04ca0-2ab2287.pdf