No “abrir más frentes de batalla”, sugiere Romo a IP.

La falta de comunicación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa privada no ha permitido que la política energética se fortalezca y se tenga soberanía nacional, reconoció Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien recomendó a los industriales “no abrir más frentes de batalla” con el presidente.

Con la problemática de la pandemia del Covid-19 y la parálisis económica, “no es aconsejable” que haya más enfrentamientos entre el gobierno y la iniciativa privada, advirtió el funcionario, luego de que diferentes empresas nacionales y estadounidenses abrieron la posibilidad de amparos y litigios en contra de la política energética gubernamental que restringe la competencia y la inversión privada, en pro de fortalecer a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al inaugurar la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2020, organizada por la Concamin, Alfonso Romo expresó: “El presidente de la República tiene una política energética clara de fortalecer a Pemex y CFE, de no endeudarse, no subir precios al consumidor y fortalecer la soberanía nacional. Ustedes tienen claro cómo fortalecer esa política, con inversiones”.

Ante empresarios mexicanos, alemanes y franceses, el representante del jefe del Ejecutivo reconoció que existe un problema en la comunicación entre ambas partes y cuestionó que algo sucede, “no nos estamos comunicando bien o no nos estamos escuchando bien”. Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), respaldó la estrategia de que México cuente con instituciones fuertes, como es el caso de Pemex y CFE, “queremos que estén fortalecidas, pero en donde no hay entendimiento es en el cómo, porque hay inversiones extranjeras y nacionales y ahí es donde no, a la mejor, pareciera que hablamos conceptos diferentes”.

El dirigente de los industriales sostuvo que “falta diálogo” y el cambio de reglas de operación de las inversiones privadas en los proyectos de energía, sobre todo las renovables, “nos causan preocupación”.

Reprochó que los empresarios se deban enterar a través de la información por los medios de comunicación, de cuando ya se implementan las acciones, sin antes ser consultados.

“Ojalá fuera más clara esta parte para entenderla, porque cuando hay diálogo hay entendimiento. Si tenemos que hacer ajustes, es con diálogo, porque la señal parece que va por otro lado y nos confunde”, sostuvo el presidente de la Concamin durante conferencia de prensa.

Cervantes parafraseó el slogan con el que el presidente López Obrador ganó la presidencia, al recordar que “juntos haremos historia” con un cambio significativo, pero aclaró, eso no implica dejar de lado a la IP, ya que la oportunidad de cambio la hace la industria y es el motor de la economía de un país.

“Si México quiere alcanzar la industria 4.0, el gobierno requiere trabajar de la mano con los industriales y apoyar a la micro y gran empresa. El gobierno requiere ser sensible a las demandas y necesidades de los industriales, para crear empleos”, consideró Larry Rubin, vicepresidente de la Concamin.

En el discurso inaugural, Alfonso Romo reiteró que la obligación del gobierno es poner las condiciones necesarias para dar certeza jurídica y normativa, así como seguridad física teniendo una política fiscal que traiga el motivo de la inversión, sobre todo en estos momentos de incertidumbre.

Por lo que agregó que desde la Oficina de la Presidencia se trabaja el documento en el cual, juntos gobierno e iniciativa privada analizan cómo “podemos tener la política energética del gobierno fortalecida con un sector productivo más competitivo y un país más atractivo, y consumidores con precios de energía al alcance de cualquier bolsillo”.

Alfonso Romo mencionó que esta “economía de guerra”, también es una economía de oportunidades.

Por ello, indica que lo dicho por Sheinbaum debe mostrarse con acciones.

“Se pueden hacer declaraciones pero tienen que formalizarse a través de recursos, iniciativas de ley o de su intención de acercarse para estudiar alguna de los diputados”, argumenta.

Salido Magos explica que desmontar anuncios espectaculares es costoso por lo que las autoridades deben de destinar una partida presupuestal importante para llevar a cabo el retiro prometido.

Datos proporcionados por la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU) indican que quitar un anuncio espectacular cuesta entre 50 y 150 mil pesos dependiendo del tamaño.

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