Populismo normativo: la estrategia de México y América Latina para regular internet

08/10/21

El populismo normativo es la estrategia que han seguido los legisladores en México y otros países de América Latina para regular el internet y a las plataformas digitales, coincidieron especialistas en la tercera mesa La importación de regulaciones del norte global al contexto latinoamericano y sus efectos en el contexto regional dentro del Foro Libertad de Expresión en la Era Digital organizado por Artículo 19 y la Fundación Friedrich Naumann.

El populismo normativo fue definido dentro de la mesa como aquellas soluciones generales a los problemas de la convivencia en internet a través de reglas uniformes, que no tienen en cuenta el contexto de los países latinoamericanos ni recurren diálogos con diferentes actores y participantes de sectores diversos.

Para Agustina del Campo, profesora y directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, en Argentina, las regulaciones del Norte Global ─que comprende sobre todo a Estados Unidos y la Europa occidental─ que más han influido en las normas de otros países, como los de América Latina, son la Sección 230 de la Communications Decency Act (DCA) y Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA), ambas normas estadounidenses.

“Creo que esas dos regulaciones tuvieron un impacto casi fundacional o estructural; nos dan la estructura desde la cual pensamos la regulación, la autorregulación y la corregulación de internet. La sección 230 de la DCA es la que establece la no responsabilidad de los intermediarios en internet por el contenido de terceros y por la moderación de contenidos y la DMCA es la que establece el sistema de notificación y remoción de contenidos sujetos a propiedad intelectual”, dijo.      

Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales en la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, dijo que los procesos en los que se suscitan legislaciones como la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea no ocurren de un momento a otro sino que requieren diálogos ampliados y multisectoriales, lo que no se observa en los contextos latinoamericanos.

“Lo que están haciendo los congresos en los países de América Latina, parece que es resolver por capricho o por inmediatez y se pierde de vista el hecho de que el ecosistema digital es un sistema complejo, no están mirando las distintas capas, algo que algunos autores han llamado una gobernanza policéntrica de internet”, dijo.

Cortés coincidió en que la sección 230 de la DCA, junto con la DMCA, son legislaciones que se han replicado en contextos latinoamericanos, como es el caso del mecanismo de notificación y retirada que se incluyó en la reforma de 2020 a la Ley Federal de Derechos de Autor en México, como parte del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y que perdió de vista el impacto que tiene esta nueva regulación en materia de libertad de expresión.

“El mecanismo de notificación y retirada se ha convertido en una herramienta abusiva que han utilizado políticos y empresarios para solicitar que se bajen contenidos de medios de comunicación que son de interés público”, dijo.

Populismo normativo

De acuerdo con María Paz Canales, asesora internacional de Políticas Públicas en Derechos Digitales, están surgiendo iniciativas de regulaciones digitales en los países de la región que son apresuradas por agendas políticas y que son aprovechadas por los legisladores para mostrarse como innovadores o progresistas en las discusiones normativas.

“Somos presa de un populismo normativo, en el que la región observa las iniciativas que se han desarrollado en el Norte Global con un apetito de implementar estos temas para que el país se vea como un país pionero en esa materia y parezca que los autores de estos proyectos están dominando algo de vanguardia”, dijo.

Los riesgos que observa Canales de este populismo normativo en el propio copiar y pegar (copy-paste) de las iniciativas de países como Estados Unidos y los que integran la Unión Europea, además de no atender a la experiencia internacional que han mostrado los resultados de estas regulaciones en esos países en los 15 años más recientes.     

Cuando nos sentamos a repensar hoy en día cuál podría ser el panorama de regulación de las redes digitales, lo primero que urge para tener un debate balanceado y no caer en ese populismo narrativo es ver lo que ha pasado en esos países teniendo en cuenta el contexto de la región”, dijo.

Eva López, Becaria Tech4Rights de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que el riesgo de este populismo normativo no recae solamente en la importación de las regulaciones sino de las definiciones. Añadió que si bien son comunes a las jurisdicciones temas como la seguridad, la propiedad intelectual y las condiciones de mercado, las especificaciones de las legislaciones de América Latina como región son particulares.      

“Podemos observar cómo se fuerza que ciertos conceptos que provienen de estas legislaciones importadas casen en situaciones de América Latina”, dijo e hizo referencia a manera de ejemplo a las normativas que tienen que ver con la ciberseguridad y su relación con el combate al terrorismo.

López aseguró que los estados de América Latina adoptan este tipo de normas y, por consiguiente, internalizan la categorización de terrorista en sus jurisdicciones, lo que supone riesgos a sus propias poblaciones que conducen a que ciertos defensores de derechos humanos y acciones de libertad de expresión son catalogadas como terroristas.

Diálogos abiertos

Agustina del Campo dijo que los procesos regulatorios en materia digital no se están dando en los tiempos adecuados sino que se abren y se cierran con una velocidad bastante acelerada.

“Muchos de los acuerdos que surgen, lo hacen sin tener ningún punto de conexión con las conversaciones que se tenían, desconociendo todo el desarrollo que ya se tenía hecho”, dijo y añadió que en muchos países de la región se ven en muchos problemas para acceder a debates públicos en los congresos.

Vladimir Cortés coincidió en que es necesario que cualquier iniciativa de regulación en materia digital que se proponga forme parte de un debate mucho más amplio y que no se pierda de vista de que se tiene que hacer a través de un diálogo multisectorial, que no sólo competa a las instituciones del Estado.