Por fin, ¡Jiménez Espriú le puso ojo al litigio!

Si la lista de asuntos no sufre retrasos, hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, debatirá el contenido de la ponencia o propuesta de resolución al amparo 717/2016 que realizó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena respecto de si el Congreso tiene o no la facultad para legislar sobre las “tarifas On-Net/Off-Net” o el llamado efecto club.

Le comenté el lunes que el ministro ponente se inclina por resolver el amparo a favor de Telmex/Telcel de América Móvil, que lleva Daniel Hajj, bajo el mismo argumento por el que se resolvió la controversia sobre la llamada “tarifa cero”, al argumentar que el legislativo no tenía por qué definir la citada tarifa considerando que para ello se encomienda a un órgano técnico dicha facultad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que encabeza Gabriel Contreras.

En las discusiones de 2013 y 2014, los legisladores incorporaron un mandato preciso en el artículo tercero transitorio de la reforma al 28 constitucional para que se adecuara el marco jurídico (la ley secundaria) y se prohibiera de forma expresa la existencia de subsidios cruzados y trato preferencial en telecomunicaciones por parte del agente preponderante.

¿Y sabe por qué se hizo?, por el antecedente de “incumplimiento” que tuvieron Cofetel y CFC para asegurar la libre competencia en un entorno de elevadísima litigiosidad que sólo se frenó con la reforma a la Ley de Amparo (que elimina el recurso de suspensión).

Y la pregunta debiera ser: ¿estarán seguros los ministros de que el IFT, la nueva entidad creada a partir de la reforma a la ley secundaria, ha logrado hacer bien el trabajo técnico que le encargó el legislador como para evitar subsidios cruzados y trato preferencial, por sí o a través de sus filiales y subsidiarias?

Creo que debieran leer para darse una idea de la intención legislativa, la retahíla de quejas y argumentos técnicos que expresan todos los operadores que participan y compiten intensamente en ese mercado, al ser consultados hace un mes, por el propio IFT sobre la efectividad de las medidas de preponderancia.

Ahí todos le responden que su actuación no ha sido efectiva, como tampoco han sido investigadas y sancionadas las denuncias de violación o incumplimiento a las medidas impuestas al preponderante.

Otro elemento de cuidado en la resolución de hoy, es el compromiso asumido en el T-MEC, ratificado hace unas semanas en el Senado.

El acuerdo trilateral establece en la nota 6 del capítulo 18 sobre telecomunicaciones, que México “reafirma los compromisos de la reforma constitucional en telecomunicaciones”, incluyendo la facultad del Congreso “para prohibir subsidios cruzados y trato preferencial en el sector y promover así la competencia”.

Asimismo, dicha nota establece que cualquier nueva medida en el sector debe ser compatible con el objetivo de promover la competencia efectiva y prevenir prácticas monopólicas. Lo contrario llevará a conflicto inversionista-Estado.

Esto es, ninguna modificación al marco legal puede ir en contra de la promoción de la competencia en el sector, como pudiera ser la decisión de la SCJN, si decide no reconocer las facultades del Congreso para ordenarle en ley al IFT que prohíba las tarifas con subsidios cruzados (tarifas On-Net/Off-Net). No le dice cómo hacerlo, le dice que se encargue de que no ocurra.

Y si la SCJN resuelve diciendo que deben determinarlo en el IFT, acabará haciendo lo mismo que el legislativo: decirle que debe hacer lo que la constitución mandata, no como debe hacerlo, pues esto último es su facultad técnica como órgano autónomo.

De fondos a fondo

** #CFE… Tanto estiró la liga que las partes han decidido nombrar a una mediación, pues don Manuel Barttlet, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sabe y acepta que los contratos con las siete “ducteras” que están suspendidos y por los que paga incumplimiento por las cláusulas de fuerza mayor, deben resolverse: terminar los ductos, porque es más importante el que haya gas natural, lo mismo para Mérida II, que para todas sus termoeléctricas, y en el mundo no hay contratos perfectos, salvo aquéllos que le asignan los riesgos a quienes mejor los pueden manejar y, nunca, el sector privado puede resolver conflictos sociales o políticos donde le ordenaron tender el ducto.

¡Simple! Creo que el CCE, de Carlos Salazar, y el CMN, que encabeza Antonio del Valle, saben que en la mesa de negociación la prioridad será concluir los ductos y comenzar el suministro, pero necesitan que operadores políticos de AMLO resuelvan los problemas políticos que lo impiden.

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