La censura en México va en aumento, impulsada por legislaciones estatales y federales que otorgan al gobierno facultades para vigilar, bloquear y castigar contenidos en plataformas digitales.

En Puebla, se aprobó la llamada «Ley Censura», que impone hasta tres años de prisión por insultos u ofensas en redes sociales.

A nivel federal, se discuten reformas que permitirían intervenir comunicaciones y geolocalizar ciudadanos sin orden judicial. Organizaciones civiles y expertos advierten que estas medidas atentan contra la libertad de expresión y los derechos humanos.

Además de las reformas legales, periodistas enfrentan una creciente judicialización por sus investigaciones sobre corrupción o crimen organizado. Según Artículo 19, se presenta una demanda contra comunicadores cada tres semanas, lo que revela un uso sistemático del aparato judicial como herramienta de intimidación.

Casos recientes en Campeche, Tamaulipas y a nivel federal muestran cómo se impone censura previa, se vincula a proceso a periodistas y se obliga a ciudadanos a disculparse por críticas en redes sociales.Diversos actores como Amnistía Internacional, la SIP y académicos advierten que estas leyes, lejos de proteger a grupos vulnerables, son utilizadas para limitar el disenso y silenciar críticas al poder.

La ambigüedad de términos como «ciberasedio» o «violencia política de género» puede derivar en abusos y criminalización de la opinión.

En particular, preocupa que entidades gobernadas por Morena repliquen la Ley Censura sin debate público ni controles judiciales adecuados.

Expertos como Leopoldo Maldonado y Ernesto Contreras consideran que el panorama es preocupante, pues la concentración del poder en un solo partido, sumada a la captura del Poder Judicial, limita las vías legales de defensa.

Las reformas actuales podrían desencadenar una cascada de cambios legislativos en todo el país, erosionando los derechos fundamentales.

La censura, advierten, se está institucionalizando bajo el argumento de proteger la seguridad o el honor, pero en la práctica debilita la democracia y la rendición de cuentas.

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