El espectro radioeléctrico no conoce fronteras geográficas, en todos los países el reconocimiento a las emisoras solamente puede surgir de las licencias válidamente otorgadas conforme a la legislación nacional y a los acuerdos internacionales.

La radiodifusión concesionada se opone en todos los países del mundo a la transmisión de señales radiodifundidas sin la previa obtención de un permiso o concesión. Esta práctica viola las leyes mexicanas, incluyendo la LFTyR y la Ley General de Bienes Nacionales, según las cuales, la radiodifusión sin autorización constituye un delito tipificado, contradice las recomendaciones y mejores prácticas internacionales, y violenta la rectoría del Estado sobre un área prioritaria para el desarrollo nacional, que es el espectro radioeléctrico.

La radiodifusión no autorizada es una amenaza a la viabilidad de todas las formas de radiodifusión, puesto que no respeta parámetros técnicos fundamentales para la coexistencia de las estaciones en el espectro radioeléctrico. Genera interferencias perjudiciales a las estaciones legalmente establecidas y afecta a la sociedad por los contenidos que no responden a la legislación en materia electoral, así como de riesgos sanitarios. En caso de aquellas que comercializan publicidad, se incurre en prácticas de competencia desleal, puesto que no cuentan con los costos fiscales, laborales y legales de las estaciones autorizadas, afectando en forma importante a las pequeñas estaciones de Oaxaca,  Chiapas, Hidalgo, Guerrero y Veracruz, aunque no exclusivamente.

El tema de la transmisión ilegal trasciende nuestras fronteras, como lo establece la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en sus resolutivos, que incluyen el reconocimiento de que “el tema de las emisoras ilegales trasciende el ámbito nacional y tiene repercusiones a nivel internacional creando interferencias perjudiciales a emisoras de otros países y plantea el tema de la responsabilidad en la parte de los Estados que no ejercen control.”

Sin embargo, en algunos países de América Latina, el Estado ha perdido todo control sobre el espectro radioeléctrico, en países como Chile se ha aplicado la resolución de la CITEL de que “el funcionamiento de las emisoras clandestinas o fuera del marco legal que les es propio, en ningún caso podrá constituirse una base para el reconocimiento posterior.” Esto es fundamental como una política para desincentivar una práctica nociva técnica, comercial y social.

Consideramos que la práctica de la ilegalidad en nuestro país no se detendrá hasta que exista una política encaminada a desincentivarla, que debería comenzar por no regularizar las estaciones que han operado fuera de la ley. Se ha constatado en otros países latinoamericanos que la regularización de este tipo de estaciones, lejos de promover la legalidad, incentiva a la proliferación de estaciones al margen de toda regulación.

Con frecuencia se alude a la libertad de expresión de todas las personas como fundamento para la práctica de la radiodifusión ilegal. Sin embargo, como bien los ha establecido la propia Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, “el derecho a expresarse libremente, no incluye el derecho a la utilización de un medio de radiodifusión, sin licencia”.

Por lo tanto, es fundamental que la Autoridad salvaguarde el principio de legalidad y el apego a las normas técnicas que permiten la operación de las estaciones preexistentes sin interferencias perjudiciales.