Diputado de Sonora propone aplicar sanciones por amenazas contra la libertad de expresión
Sonora reportó a 26 periodistas beneficiados del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación
Para que se tengan mayores acciones legales en contra de quienes amedrenten la libertad de expresión en Sonora, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Pablo Arenivar Martínez, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado.
Hasta mayo de 2025, Sonora reportó a 26 periodistas beneficiados con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, de 814 que se tienen en México, de acuerdo al legislador.
Durante la sesión del Congreso Local de este martes, el legislador dijo que se trata de un proyecto de Decreto por el que se adiciona un título en el Artículo Décimo Noveno Bis, denominado Delitos en Contra de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información al Código Penal para el Estado de Sonora.
Tras la lectura de la iniciativa, manifestó que este tipo de acciones son relacionadas al posible amedrentamiento que sufren los representantes de los medios de comunicación, incluso por parte de autoridades.
En ese sentido, el diputado local dijo que esta reforma va al Código Penal para tipificar el delito de amedrentamiento en contra de periodistas, ya que la figura del delito de amenazas prevista en el Código Penal de Sonora, en su artículo 238, no logra abarcar la especificidad, la complejidad y la amplia gama de conductas que lo constituyen.
“La reforma tiene por objeto reconocer y tipificar de manera específica el delito de amedrentamiento en contra de periodistas en el Código Penal local para fortalecer el Estado de derecho y la seguridad jurídica para los comunicadores”, expresó.
En ese sentido, mencionó que de ser aprobada la iniciativa se impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión, y multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien por sí mismo o a través de otras personas, mediante el uso de violencia física o moral, obligue a cualquier persona dedicada a la actividad del periodismo o vinculada a la misma, a revelar el secreto profesional periodístico o la reserva de la fuente de información.
Arenivar Martínez agregó que se establecen penas de seis meses a cuatro años de prisión cuando el amedrentamiento es cometido por personas servidoras públicas, consistente en cárcel y la destitución o inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
“La legislación dispone que los delitos serán investigados a petición de la víctima, pero ordena que deba perseguirse de oficio cuando sean cometidos por personas servidoras públicas”, explicó.
Ante dicha iniciativa, añadió que el planteamiento envía un mensaje claro, contundente e inequívoco de que el Estado de Sonora reconoce la importancia vital de la labor periodística, y castigará de manera específica y con la seriedad que amerita cualquier acto de amedrentamiento que busque coartar esta libertad fundamental.
El legislador sonorense compartió que la propuesta fue turnada para su análisis, y posterior dictaminación, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.