Los sectores público y privado deben establecer una ruta crítica nacional para combinar sus esfuerzos en la protección de los ciudadanos contra las estafas, el fraude y el engaño digital, advirtió Sissi de la Peña, directora de la sección mexicana de la Alianza Global Anti Estafa (GASA, por sus siglas en inglés).

Al encabezar la primera mesa redonda convocada por GASA con la participación de representantes del sector bancario, plataformas digitales, telecomunicaciones, gobierno y sociedad civil, Sissi de la Peña señaló la relevancia de construir una ruta crítica en esta materia con un enfoque multisectorial.

Como parte de este trabajo, se firmó un Memorando de Entendimiento que establece una colaboración más formal entre instituciones financieras, plataformas digitales, proveedores de telecomunicaciones y autoridades.

Asimismo, GASA México y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), a través de su Dirección General de Ciberseguridad, firmaron un acuerdo para que esta instancia se una a la Junta directiva, como primer paso de cooperación estructurada entre autoridades y el sector privado en materia de combate al fraude.

Durante este encuentro, se plantearon las crecientes amenazas que plantean las distintas formas del fraude habilitado por la Inteligencia Artificial (IA) y las redes transfronterizas, que el año pasado significaron pérdidas anuales calculadas en 139 mil millones de pesos.

“Es urgente actuar desde todos los sectores y, más importante aún, coordinar y colaborar entre ellos” y definir cuanto antes una agenda nacional compartida, donde se alineen los esfuerzos de prevención, detección y aplicación de la ley en todos los sectores, especialmente ante el grave problema de suplantación de identidad.

En particular, la suplantación de identidad está tomando una nueva dimensión, por el impulso de la Inteligencia Artificial, en tanto que otras preocupaciones relacionadas con las actividades fraudulentas son la actividad automatizada de los bots y las redes delictivas transfronterizas que operan a gran escala.

Durante esta mesa redonda se identificó como un reto común lograr la coordinación institucional y superar los procesos jurídicos fragmentados para combatir mejor el problema, pues las capacidades técnicas de detección han avanzado, pero hay una brecha “que puede limitar la capacidad de convertir la inteligencia técnica en medidas ejecutables y en la recuperación de activos”.

Respecto al trabajo futuro, se identificaron áreas prioritarias de colaboración como establecer protocolos más claros para el intercambio de datos entre bancos y proveedores de telecomunicaciones para rastrear mejor las llamadas fraudulentas y los flujos de pagos.

También, alinear las reformas legislativas a las realidades operativas, especialmente en relación con el fraude basado en la IA; y fortalecer los controles predictivos dentro de las instituciones financieras, en línea con los requisitos regulatorios de la CNBV.

Otros temas relevantes sobre los que se debe trabajar son mejorar la cultura de prevención en los niveles superiores de toma de decisión, bajo el concepto de la “responsabilidad activa compartida” y no quedar sólo en el nivel de educar al consumidor.

Finalmente se puso sobre la mesa la importancia de armonizar los esfuerzos nacionales con los marcos de cooperación internacional que abordan la ciberdelincuencia y el fraude.

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