Movimiento Ciudadano busca eliminar el registro obligatorio de celulares en México y borrar todos los datos recopilados
La propuesta surge en medio de amparos promovidos por miles de usuarios, cuestionamientos sobre la protección de datos personales y la reciente prórroga otorgada por la CRT para completar el registro
El registro obligatorio de líneas celulares en México enfrenta un nuevo frente político. Movimiento Ciudadano (MC) presentó en el Senado una iniciativa para eliminar por completo la obligación de vincular cada número telefónico con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y, además, ordenar la destrucción de toda la información obtenida durante el proceso.
La propuesta surge en medio de amparos promovidos por miles de usuarios, cuestionamientos sobre la protección de datos personales y la reciente prórroga otorgada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para completar el registro.
De acuerdo con reportes de Xataca y Milenio, la iniciativa fue presentada por la vicecoordinadora de MC en el Senado, Alejandra Barrales, quien propone derogar los artículos 103, 164 fracción III y el Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La legisladora sostiene que condicionar el acceso al servicio de telefonía móvil al registro de datos personales vulnera derechos fundamentales relacionados con el acceso a las telecomunicaciones y la protección de la información privada.
Además de cancelar el padrón, la propuesta establece que toda la información recopilada durante la implementación del registro sea eliminada de forma definitiva para impedir que pueda reutilizarse, transferirse o emplearse con otros fines por autoridades o particulares.
Barrales también argumentó que el combate a delitos debe fortalecerse mediante labores de inteligencia e investigación, y no mediante mecanismos que impliquen el almacenamiento masivo de datos personales de millones de usuarios.
Argumentos del gobierno para defender el registro
El Gobierno de México ha sostenido que el registro obligatorio de líneas celulares busca fortalecer la seguridad pública y facilitar la investigación de delitos de alto impacto.
Entre los principales argumentos oficiales destacan:
Combatir la extorsión telefónica, el fraude y el secuestro virtual.
Evitar el anonimato en el uso de líneas móviles.
Facilitar la identificación de los titulares durante investigaciones ministeriales.
Homologar el modelo mexicano con esquemas de identificación utilizados en otros países.
Mientras tanto, el debate permanece dividido en el Congreso. A diferencia de Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo presentó un punto de acuerdo para respaldar la continuidad del registro y reforzar las campañas informativas dirigidas a la población.
El PT también pidió fortalecer las medidas de protección de datos personales y garantizar que el proceso sea accesible para comunidades indígenas, zonas rurales y personas con discapacidad.
Telefónicas deberán convencer a usuarios de completar el registro
La discusión legislativa coincide con un cambio en la estrategia de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Tras reconocer que millones de usuarios no concluyeron el trámite antes del plazo inicial, la CRT amplió el periodo de registro hasta el 31 de diciembre de 2026 mediante un calendario escalonado.
Como parte de los nuevos lineamientos, las empresas telefónicas —entre ellas Telcel, AT&T y otros operadores— deberán enviar mensajes SMS obligatorios para recordar a sus clientes que completen el proceso.
El primer aviso informará la fecha límite para registrar la línea y el enlace correspondiente para realizar el trámite. Si el usuario no cumple, recibirá un segundo mensaje notificando que el servicio podría ser suspendido en un plazo de 72 horas.
Actualmente, el registro obligatorio continúa vigente. De acuerdo con cifras reportadas previamente, existen alrededor de 63 millones de líneas registradas, frente a un mercado que supera los 144 millones de líneas móviles activas en México.
Al mismo tiempo, más de 10 mil personas han promovido amparos para impugnar la medida, mientras tribunales federales analizan recursos relacionados con la protección de datos personales y la legalidad del esquema. La iniciativa de Movimiento Ciudadano abre ahora una nueva ruta legislativa que podría modificar el futuro del registro obligatorio de celulares en el país.