De los derechos de audiencia y la censura gubernamental
La discusión acerca de los lineamientos de las audiencias revela una tensión persistente entre la necesidad de tutelar los derechos fundamentales de las audiencias y el peligro de un control gubernamental sobre el discurso mediático. | Ricardo de la Peña
Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias tienen una trayectoria marcada por litigios y ajustes judiciales. Su versión original, impulsada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2016, enfrentó múltiples controversias constitucionales que retrasaron su aplicación definitiva. Posteriormente, en cumplimiento de sentencias de amparo —como el juicio 653/2019—, el Pleno del IFT aprobó una versión actualizada el 18 de diciembre de 2024, publicada el 5 de febrero de 2025.
Ejes centrales de los Lineamientos
El objetivo principal de estas disposiciones regulatorias es dotar de eficacia a los derechos de las audiencias establecidos en la legislación de telecomunicaciones y radiodifusión. Sus ejes rectores son: el establecimiento de códigos de ética que obligan a los concesionarios a contar con mecanismos claros de autorregulación y criterios editoriales definidos; el establecimiento de la figura del defensor dentro de los medios, quien debe operar con independencia para gestionar quejas y emitir recomendaciones; la exigencia de diferenciar claramente entre información noticiosa, opinión y espacios publicitarios; la garantía de mecanismos para el derecho de réplica y pluralidad que permita que las audiencias respondan ante información imprecisa y accedan a contenidos diversos; y la inclusión de personas con discapacidad y herramientas de alfabetización mediática.
Actualmente, estos lineamientos no están vigentes. Se encuentran bajo un proceso de consulta pública (del 27 de julio al 21 de agosto de 2026), coordinado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Este órgano, desconcentrado y dependiente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Ejecutivo Federal, es la instancia encargada de elaborar esta nueva propuesta. Según la Presidencia, el propósito es construir un marco regulatorio abierto que evite la discrecionalidad y fortalezca la autorregulación.
¿Derecho constitucional o censura?
La propuesta ha generado críticas severas por parte de la industria, organizaciones civiles y legisladores de oposición, quienes advierten los siguientes riesgos: el temor de que el periodismo de investigación se limite por miedo a procedimientos administrativos; la facultad de la autoridad para calificar qué es información «falsa» o «descontextualizada», lo que se percibe como subjetivo y susceptible de uso político, con un encargo de aplicación a un organismo que depende directamente del Ejecutivo, lo que pone en duda la imparcialidad del regulador; y el costo de posibles multas podría afectar la operatividad de los concesionarios.
Lamentablemente, esta consulta se ve inmersa en una discusión sobre los mecanismos de asignación de recursos para publicidad en medios de comunicación. Así, la presidenta pasó de afirmar que los recursos se asignan de acuerdo con las audiencias y que no entrega dinero a periodistas para que hablen bien de su gobierno a una posterior confesión de que existen medios críticos a los que no se les dan recursos. Así, a una regulación incierta sobre los derechos de audiencia se suma un reparto sesgado y con sentido político de los recursos publicitarios que el gobierno entrega a los medios.
Tensión entre tutela y control
Frente a estas críticas, el Gobierno Federal sostiene que los lineamientos no buscan censurar, sino garantizar un derecho constitucional enfocado en la transparencia. La discusión revela una tensión persistente entre la necesidad de tutelar los derechos fundamentales de las audiencias y el peligro de un control gubernamental sobre el discurso mediático. Si bien los lineamientos formalmente cumplen con el mandato del artículo 6° constitucional —al exigir transparencia y ética—, el diseño institucional actual suscita preocupación.
Así, los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias se debaten entre una justificación constitucional legítima y un diseño institucional vulnerable a la tentación autoritaria.
Garantizan el derecho constitucional en la medida en que exigen transparencia, ética y defensores independientes dentro de los medios de comunicación. Sin embargo, se deslizan hacia la censura o hacia un potencial ejercicio de control político de los contenidos cuando otorgan a una autoridad dependiente del Ejecutivo facultades discrecionales para calificar la verdad informativa y sancionar bajo ambigüedades.
En última instancia, el riesgo de censura se materializa cuando una autoridad dependiente del Ejecutivo adquiere facultades para calificar la «verdad» informativa. En un sistema democrático maduro, la protección efectiva de las audiencias debería descansar en la independencia absoluta del regulador, el fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción de una ciudadanía crítica, en lugar de depender de la vigilancia gubernamental directa sobre los contenidos periodísticos.