Advierten riesgos a derechos de audiencias con reforma telecom
José García, presidente de la CIRT, señala que la enmienda incluye posibles sanciones sin el debido proceso y censura; piden reglas claras y protección para el público y usuarios
Durante el quinto y último conversatorio celebrado en el Senado para analizar la reforma en materia de telecomunicaciones, representantes de la sociedad civil, defensores de audiencias y de la industria de medios expresaron preocupaciones sobre los riesgos que implicaría una regulación parcial o una sobrerregulación.
José García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), habló exclusivamente de la radio y la televisión abierta. Reclamó que, “nuevamente, es al perro más flaco al que se le cargan todas las pulgas”, pues la reforma tiene posibles sanciones sin debido proceso y riesgos de censura previa.
En el mismo foro, defensoras de audiencias, especialistas en derechos digitales y representantes de medios públicos y comunitarios coincidieron en que la reforma debe garantizar un ecosistema plural, accesible, con reglas claras y con protección efectiva para las audiencias y usuarios, sin vulnerar su privacidad ni limitar su libertad de expresión.
Hilda González, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), destacó la importancia histórica y política de los derechos de las audiencias, incorporados en la Constitución en 2013 y regulados desde 2014.
Abogó por que la nueva ley fortalezca las defensorías de las audiencias, garantice su independencia, promueva la alfabetización mediática y asegure mecanismos efectivos para la protección de derechos.
Leopoldo Maldonado, director regional para México y Centroamérica de Artículo 19, enfatizó que los derechos de las audiencias forman parte del derecho a una información veraz y oportuna, como establece el artículo sexto constitucional.
Expresó preocupación por disposiciones como la conservación de datos personales por 24 meses, que carecen de justificación proporcional y podrían afectar la privacidad y derechos humanos: “No hay una justificación ni una evaluación (…) sobre por qué los concesionarios de telecomunicaciones tienen que retener los datos de comunicaciones de usuarios de telefonía y de servicios de telecomunicaciones durante 24 meses”.
Asimismo, criticó las facultades discrecionales para bloquear señales de Internet, conocidas como “apagones”, y advirtió sobre la concentración de poder en una sola agencia del Ejecutivo, proponiendo mayor independencia y mecanismos para proteger a medios comunitarios.
Lenin Martell, defensor de las Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión, enfatizó la relevancia del concepto de servicio público de radiodifusión como base para garantizar una comunicación abierta, plural y educativa para toda la sociedad.
Al finalizar el foro, Javier Corral, senador de Morena, anunció que se presentarán una serie de reservas para enriquecer el dictamen, lo que incluye una modificación importante en el tema de mayor polémica sobre la concentración de atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, “ahí habrá una reconfiguración de diseño del órgano”.