Alertan especialistas y académicos riesgos y violaciones en Ley de Telecomunicaciones
En materia de derechos de las audiencias y respeto a la libertad de expresión hay excesos y peligros como la suspensión definitiva de transmisiones
Académicos, especialistas, abogados y legisladores de oposición afirmaron que en la Ley de Telecomunicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum que se encuentra en el Senado de la República, hay riesgos y probables violaciones a la libertad de expresión a través de medidas que podrían aplicarse de manera discrecional.
Durante los foros sobre la Ley de Telecomunicaciones organizado por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, los participantes señalaron la necesidad de establecer parámetros claros para garantizar la libertad de expresión e información.
Arturo Ramos Sobarzo, director del Centro de Investigación e Información Jurídica de la Escuela Libre de Derecho se refirió a las facultades que se pretenden otorgar a la Agencia de Transformación Digital y dijo que, si bien el propósito de la ley es combatir noticias falsas y evitar que se presente información disfrazada de opiniones, la imposición de un “vigilante” para regular esas prácticas en los medios de comunicación, no es la vía adecuada.
“Un tanto peligrosa esta manera a rajatabla que pretende establecer la ley como derecho de las audiencias, que es muy importante y está muy bien que tenga esa previsión, pero más bien es el tratamiento jurídico que se le da ahora, como si se pudiera distinguir tan fácil el hecho noticioso de la opinión”, indicó.
En este sentido, consideró que el combate a las noticias falsas no se hace con una regulación o con un vigilante que esté al pendiente de lo que se diga, sino que se permita que los usuarios apliquen su criterio.
Mientras, la consejera de la asociación A Favor de lo Mejor, María Lizárraga Iriarte, comentó que la ley de Telecomunicaciones restringe los derechos audiencia a quienes ven contenidos a través del servicio público y en algunos casos por televisión restringida o de paga, dejando fuera a quienes consumen contenidos a través de plataformas digitales.
Advirtió que esto genera asimetrías en el sector, vacíos legales, y probables violaciones a derechos de determinadas audiencias.
También externó su preocupación por las amplias facultades que se pretende dar a la Agencia Digital de suspender de inmediato transmisiones, cuando considere que se infringe la ley. Dijo que se trata de medidas desproporcionadas, que deberían aplicar en casos específicos y justificados.
En su oportunidad, Luis Enrique Pereda, del Consejo Directivo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, consideró que la libertad de expresión es fundamental en la discusión de la iniciativa planteada por la presidenta de la República.
“En medio de tómbolas, acordeones, elecciones judiciales y los peligros para ejercer el periodismo en México, donde informar es más peligroso que en países en guerra, remarcó, es indispensable defender la libertad de expresión”, destacó.
Juan de Dios Barba Nava, presidente de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex, destacó que una de las bondades de la iniciativa es hacer del derecho de las audiencias un componente central y otra es establecer el acceso a Internet.
Advirtió que de aprobarse esta legislación se podrían recibir sanciones porque el T MEC establece que el país debe contar con un órgano regulador e independiente.
Mientras, en entrevista, el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, el panista Migue Ángel Monraz, hizo un llamado a los senadores de Morena para que incluyan en el dictamen las opiniones de los especialistas y expertos que participaron en los foros y en los que plantearon sus preocupaciones por los contenidos de dicha ley.
Dijo que ya fueron enviados al Senado de la República las conclusiones de los foros, por lo que les hizo un llamado a que no sean omisos y los tomen en cuenta.
Reconoció que el riesgo de que los foros queden solo en “oídos sordos”, por lo que reiteró en su llamado a que la presidenta Sheinbaum retire definitivamente su propuesta y presente otra iniciativa en la que se garantice la libertad de expresión y el derecho a la información.