Apremia el tiempo para implementar la Ley de Trámites Burocráticos
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), tomará pleno control de todos los trámites burocráticos a nivel nacional, estatal y municipal, a partir del 27 de agosto próximo, una vez que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, haya expedido las adecuaciones al Reglamento interior de esta entidad, como lo instruye la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
De acuerdo con el Decreto relativo a esta Ley, la propia ATDT se erigirá en Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización y será “responsable a nivel nacional y en el ámbito federal, de implementar, supervisar y vigilar la aplicación de la presente Ley”.
La Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 16 de julio, otorga a la ATDT 22 atribuciones nacionales y 18 en el ámbito de la Administración Pública, en su papel de Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización.
Con este ordenamiento, se abroga la Ley General de Mejora Regulatoria del 18 de mayo del 2018 y se extingue a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, a partir del 27 de agosto de 2025, es decir, a los 30 días hábiles de la entrada en vigor de la nueva ley, que busca facilitar la relación digital de los ciudadanos con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Los recursos financieros y materiales con los que contaba la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, pasarán a la ATDT, de acuerdo con su Reglamento Interior y donde también se le asignan varias responsabilidades en su papel de Autoridad Nacional:
Emitir los Lineamientos para el Modelo Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos; el Modelo Nacional para la Digitalización; el Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios; la Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas, así como el Modelo Nacional de Atención Ciudadana.
Todos estos Lineamientos serán de aplicación nacional y observancia obligatoria para los Sujetos Obligados de la Federación los cuales deberán informar a la ATDT todas las soluciones tecnológicas que hayan desarrollado, para integrarlas al Repositorio Nacional de Tecnología Pública en los términos y plazos que defina la propia Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Entre los plazos establecidos en los artículos transitorios de esta Ley, destaca que el lunes 12 de enero de 2026, los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México deberán haber armonizado su normatividad conforme al nuevo ordenamiento y abrogar todas las leyes locales derivadas de la Ley General de Mejora Regulatoria de 2018.
Para esa misma fecha las entidades federativas y municipios deberán establecer sus respectivas Autoridades de Simplificación y Digitalización, en tanto para el miércoles 11 de febrero de 2026, las personas titulares de los Sujetos Obligados Estatales o Municipales deberán informar a la ATDT todas las soluciones tecnológicas que hayan sido desarrolladas para integrarlas al Repositorio Nacional de Tecnología Pública.
A más tardar el 21 de noviembre de este año, las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal que operen, administren centros, o contraten la prestación de servicios para atención telefónica, habrán transferido a la ATDT los recursos destinados a tales fines.
La idea es que esos recursos sirvan para operar el Centro de Atención del Bienestar de la Administración Pública Federal, “salvo los casos que determine la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones”.
Con ello se busca centralizar todas las soluciones digitales del gobierno en su relación con los ciudadanos, en una sola autoridad y un diseño único que bajará desde la Federación hasta los municipios con formatos homologados, interoperabilidad y bajo el control de la Federación independientemente de soluciones que a lo largo de los años hubieran alcanzado estados o municipios.
Cabe recordar que esta última característica fue señalada por legisladores de oposición durante la discusión del dictamen en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, por tratarse de una solución “centralista” que echa por tierra los esfuerzos, inversiones, derechos de propiedad y bases de datos que a nivel local se hayan conformado para tratar de tener una mejor relación digital con los ciudadanos en los niveles locales.
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