Las modificaciones que el Senado hizo a la Ley General en materia de extorsión fueron aprobadas por unanimidad por los diputados, quienes, sin embargo, chocaron en torno al riesgo que los periodistas corren por la falta de claridad en ese ordenamiento sobre el castigo a los medios.

Organizaciones como Artículo 19 alertaron que “la vaguedad” en la nueva redacción de la fracción V del artículo 17 del proyecto de decreto podría ser utilizada por funcionarios para denunciar como extorsión la cobertura o los cuestionamientos incómodos de comunicadores.

En el debate de los cambios que los senadores le hicieron a la minuta de la Ley, las bancadas del PAN y del PRI propusieron eliminar el término “medios” de ese precepto o el párrafo completo, a fin de evitar riesgos para el ejercicio de la libre expresión.

Sin embargo, el bloque legislativo afín al gobierno planteó que la modificación del Senado eliminó cualquier peligro en contra del trabajo de los periodistas y el derecho a la libertad de expresión.

Fue el diputado Ricardo Madrid del PVEM quien enfatizó en la tribuna que reconocían como atinado ese cambio en la redacción del artículo 17, fracción V, “para dejar claro que la agravante prevista en dicho artículo se refiere a la utilización de servicios de telefonía y otros sistemas de telecomunicaciones y no a los medios de comunicación dirigidos a un público amplio, ya sea masivo o segmentado”.

El Artículo 17 de la Ley señala que se aumentará la pena desde una tercera parte hasta una mitad, cuando en el delito de extorsión “se utilicen medios de comunicación a través de los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza o cualquier otro medio de comunicación electrónica, así como a través del empleo del espectro radioeléctrico”.

Los senadores ajustaron ese párrafo, eliminando las palabras “de comunicación”.

Pero la nueva redacción no convenció a la oposición que insistió sin éxito en eliminar cualquier ambigüedad que pudiera ser utilizada en contra de los medios o sus trabajadores.

El dictamen, sin embargo, ya se envió a la titular del Ejecutivo Federal para su promulgación y dejó así los términos de la controvertida V fracción del artículo 17 de la Ley, por lo que aumentará el castigo cuando en el delito de extorsión “se utilicen dispositivos, medios, servicios o plataformas a través de los cuales se puedan realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, radiolectricidad, medios ópticos, físicos, sistemas electromagnéticos o cualquier otro medio electrónico”.

El diputado Miguel Angel Monraz Ibarra (PAN) propuso quitar la palabra medios del primer reglón, al advertir que “están dejando algunas cosas para censurar, para controlar, para intimidar, para perseguir a todas las organizaciones, a todos los ciudadanos y claro también a los medios de comunicación y a los reporteros valientes que se atreven a investigar y denunciar la corrupción del gobierno. Eso es lo que están haciendo ustedes. Por eso, presentamos reformas para clarificar la libertad de investigar y de denuncia”.

El priista César Alejandro Domínguez planteó una reserva para eliminar totalmente esa fracción V, argumentado que ésta “implica un riesgo serio: la posibilidad de que los medios sean censurados, limitados o incluso clausurados bajo el pretexto de seguridad o prevención de delitos”.

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