Descarta ATDT discontinuidad en la regulación de telecomunicaciones

Cobertura, competencia y cobertura social, factores con los que se reformularía licitación 5G

En tanto no se apruebe la ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el IFT sigue siendo el órgano regulador en la materia, y “estamos a tiempo” para la presentación de esta legislación, aseguró José Antonio Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), al aclarar que no se perderán capacidades técnicas.

En conferencia de prensa en las oficinas de la ATDT en la Ciudad de México, luego de firmar un convenio de colaboración con la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel para coordinar proyectos de conectividad y trámites digitales, el titular de la Agencia fue enfático al señalar que “estamos perfectamente en tiempo y no veo una discontinuidad en las funciones del regulador” y reiteró que “no veo mucho espacio de incertidumbre porque siguen los procesos”.

Respecto a la operación y vigilancia de las medidas de preponderancia en el mercado de telecomunicaciones, así como la emisión de una nueva convocatoria para la licitación de espectro óptimo para servicios 5G, pidió esperar a que se emitan las leyes secundarias a las que se refieren los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y reiteró que “estamos en tiempo”.

No hay ningún motivo para pensar que en la transición de funciones del Instituto Federal deTelecomunicaciones (IFT) a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se vean comprometidas las funciones de regulación; “no veo discontinuidad en las funciones del regulador”, sostuvo.

También dijo que “la Agencia tiene capacidades y personal, y el IFT, también; quienes tengan un papel que jugar, por supuesto permanecerán, sobre todo en áreas técnicas” y por esa razón, no se perderán las capacidades técnicas en esa materia.

Respecto a la necesidad de generar una nueva licitación de espectro radioeléctrico, luego de que la licitación IFT-12, que emitió en diciembre el IFT fue cancelada, “ya veremos cómo reformular la licitación 5G”, teniendo en cuenta dos factores esenciales: la cobertura y la competencia y la cobertura social, aunque todo dependerá de cómo venga la legislación secundaria.

En ese mismo sentido, dijo que adoptar o no alguno de los modelos que existen en América Latina, como son las llamadas “obligaciones de hacer” en Brasil, dijo que se conocen bien varios modelos de licitación de espectro que pueden ser interesantes, pero “ya analizaremos cuál es el más adecuado para nosotros”, aunque todo dependerá de los términos en que se apruebe la legislación secundaria. “Esperamos mejor la ley”, recomendó.

Por lo que toca a la cobertura social explicó que en el sexenio pasado, la cobertura a través de CFE-TEIT y Altán Redes, pasó de 12 mil 605 a 140 mil 864 localidades y de 40 millones de personas a 97.1 millones, si bien se debe seguir trabajando para mejorar la cobertura, porque el acceso a internet es un derecho habilitador de otros derechos.

Respecto al programa de trabajo de la Agencia a su cargo, dijo que para el presente año, se busca simplificar alrededor de 2 mil 500 trámites y de ellos digitalizar entre 350 y 400; cumplir con la reducción a la mitad del número de trámites, requisitos y tiempos para realizarlos, además de tener disponibles en línea al menos el 80 por ciento de los trámites de gobierno.

También se pretende concluir la Plataforma Unificada de Gestión de Despacho; los proyectos de simplificación y digitalización en áreas estratégicas como Cofepris, SAT, Aduanas, Semarnat, y Trabajo; la consolidación y creación del Programa Espacial Mexicano que no se limita a la gestión de los satélites, sino a la colocación de un satélite mexicano en órbita hacia el año 2028 o 2029.

Igualmente destacó la creación del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), “que ya está operando” y permite a través del número único 079, atender cualquier solicitud de información de los ciudadanos que no sea una emergencia.

Entre los planes para el presente 2025, está echar a andar el Centro Nacional de Tecnología Pública en colaboración con estados y municipios para implementar un modelo nacional de simplificación y digitalización.

Así como iniciar la operación de la Escuela de Código donde se espera capacitar a 150 mil personas hacia el año 2030, con énfasis en servidores públicos, además de crear el Centro Nacional de Ciberseguridad para hacer auditorías y asegurar todos los sistemas de información en manos de autoridades.

Además, hacia el 2030, se ha establecido un decálogo de objetivos entre los que destacan reducir en 50 por ciento los trámites, requisitos y tiempos de resolución de los trámites de gobierno en general, otorgar a toda la población identidad digital nacional e identificación oficial con Llave MX; reducir 30 por ciento el gasto anual en TIC´s, de lo que se espera un ahorro de 60 mil millones de pesos en el sexenio e incrementar en al menos 250 mil millones de pesos anuales la recaudación gracias a la optimización de los servicios de aduanas y acompañamiento en operación.

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