Son 11 las personas candidatas a juezas y jueces especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones que serán votados sólo en la Ciudad de México el próximo 1 de junio, de las cuales al menos seis han trabajado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órganos autónomos eliminados recientemente.

Por las tres vacantes que hay para este cargo habría 18 aspirantes en total, propuestos por el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero cuatro fueron postulados por dos o incluso los tres poderes de la federación.

Si bien las personas candidatas pueden ser postuladas simultáneamente por uno o varios poderes siempre que aspiren al mismo cargo porque no está prohibido en la reforma judicial, esto sí reduce las opciones que la ciudadanía tiene para votar en la elección del próximo 1 de junio.

¿Quiénes fueron postulados por más de uno de los tres poderes?
Entre las aspirantes del Listado preliminar de las personas candidatas para la elección de los cargos de los Juzgados de Distrito, actualizado al 6 de marzo y por confirmarse antes de la impresión de boletas y del 30 de marzo que inician las campañas, está María Fernanda Hernández Andión, postulada por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial a jueza especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, y que estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac.

De acuerdo con el resumen de su ficha biográfica en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se ha desempeñado como secretaria de Juzgado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y también ha sido actuaria judicial.

Mariana Ortiz Morales, también postulada por los tres poderes a dicho cargo, ha ocupado distintos puestos en el IFT, la Cofece y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con base en su LinkedIn.

Yasser Caballero Martínez, postulado por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se describe en X como abogado con interés en competencia económica. Estudió la Licenciatura en Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Se ha desempeñado como Jefe de Departamento de Riesgos Jurídicos en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), y ha tenido diferentes cargos en la Cofece, según su LinkedIn.

Eric Felipe Avelino Jaramillo González, postulado por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, es maestro en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, y cursó la Maestría en Derecho General por la Escuela Libre de Derecho.

Es socio de Sabag, Becker & Gerrit Cohen en el área de Competencia Económica. Según dicha firma de abogados, ha ocupado diversos cargos en la Autoridad Investigadora de la Cofece, desde jefe de departamento hasta la Coordinación General de Investigaciones de Mercado.

El Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial pueden postular a dos personas cada uno por cada cargo a jueza o juez. Si hay tres vacantes de personas juzgadoras especializadas en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, serían 18 candidaturas en total, seis por cada uno de los tres poderes.

Sin embargo, sólo hay 11 aspirantes porque cuatro personas fueron postuladas más de una vez y porque el Poder Judicial solamente postuló a cinco candidaturas, es decir, le faltó un candidato o candidata para cumplir con los seis que le corresponden.

Para Mariano Calderón, socio de la firma de abogados Santamarina + Steta, que no se cumpla con el número de candidaturas o que se repitan entre sí es una de las fallas en el diseño de la reforma.

“La Constitución establece que debe de haber seis personas por cada vacante de juez. Tenía que haber dos propuestas por parte del Poder Judicial, dos propuestas por parte del Poder Legislativo y dos propuestas por parte del Poder Judicial. Entiendo que en varios casos no cumplieron con lo que establece la Constitución, y el número de candidatos es menor”, explica Calderón, maestro en Derecho por la Georgetown University Law Center.

Experiencia en IFT y Cofece
Varias de las personas candidatas a juezas o jueces especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones han trabajado en el IFT o la Cofece, órganos autónomos especializados en esta materia.

Por ejemplo, Liliana Elizabeth Vez Félix es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se ha desempeñado en la Unidad de Asuntos Jurídicos del IFT en el sector de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Miguel Ángel Monroy Rodríguez cuenta con una Maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación. De acuerdo con su LinkedIn, también ha laborado para el IFT.

Asimismo, Ernesto Sinuhé Castillo Torres ha trabajado en la Cofece, por ejemplo, como director ejecutivo de Normativa.

César Mauricio López Ramírez, otro de los aspirantes a juez especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, formó parte de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, acusada de plagiar su tesis de licenciatura. Un documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refiere que se ha desempeñado como su secretario Auxiliar de Acuerdos.

Otros aspirantes a jueza o juez de esta especialidad son Lucero Grisel Martínez Encarnación, quien en Instagram se define como abogada especialista en Telecomunicaciones, Radiodifusión y Derecho Procesal Constitucional; la licenciada en Derecho Susana Ramírez Martínez; y Axel Lara López, licenciado en Derecho por la UNAM y profesor de asignatura de esa Facultad.

Este tipo de juezas y jueces atienden asuntos de relevancia nacional, como la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador y que daba ventaja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas privadas; y la eliminación de la tarifa de interconexión, es decir, la cuota por conectar a una compañía telefónica con usuarios de otras.

Sin embargo, serán votados sólo por habitantes de algunas alcaldías de la Ciudad de México: los distritos judiciales electorales 4 (Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc), 6 (Gustavo A. Madero y Azcapotzalco) y 9 (Tlalpan y Coyoacán).

“Su competencia, que es la forma como se distribuyen territorialmente las facultades, las atribuciones de un juzgador, es en toda la República. No tiene sentido que sólo determinadas personas en la Ciudad de México puedan votar por esos jueces cuando el impacto y las decisiones que tomen involucran a todo el país”, insiste Calderón, experto en investigaciones y procedimientos de probable responsabilidad en prácticas antimonopolio.

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