La ‘Ley Antimemes’ no prohíbe los memes ni la sátira: en qué consiste y por qué causa polémica
El Senado aprobó una reforma para castigar, entre otras conductas, el uso de la identidad de instituciones públicas a escala comercial para engañar y cometer un ilícito
La llamada Ley Antimemes no establece una prohibición general de los memes, las caricaturas o las críticas al Gobierno. El nombre con el que se ha popularizado alude a uno de los puntos más controvertidos de una reforma más amplia sobre propiedad intelectual: la propuesta de castigar el uso de elementos de identidad de instituciones públicas cuando se empleen a escala comercial para inducir al error o al engaño con la intención de cometer un ilícito. Aunque el texto fija esas condiciones, legisladores de la oposición sostienen que podría prestarse a interpretaciones que inhiban la sátira política.
“No tiene nada que ver con memes […] No hay un solo artículo donde se mencione eso”, afirmó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, al referirse al proyecto de reforma. Durante la misma rueda de prensa, Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Gobierno mexicano, recalcó que “absolutamente nada tiene que ver esta ley con eso [limitar los memes]”, y que lo que se intenta regular, a través de la modificación al artículo 403 Bis de la norma federal, es la piratería y el robo de identidad de instituciones del Gobierno con fines delictivos.
El pleno del Senado aprobó el miércoles, con 72 votos a favor y 34 en contra, cambios a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal. La iniciativa fue presentada por la presidenta y, tras la votación en lo general y en lo particular, se remitió a la Cámara de Diputados. Por tanto, la reforma todavía no está vigente.
Qué plantea la reforma
La disposición que dio pie al apodo de Ley Antimemes se refiere a utilizar, reproducir, imitar o incorporar la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas federales, estatales o municipales. El dictamen sitúa esa conducta a escala comercial y la vincula con un propósito específico: hacer creer que una comunicación, plataforma, servicio o sistema informático tiene un origen oficial para cometer un delito. El texto aprobado contempla una pena de cinco años de prisión y una multa de 1.000 a 10.000 unidades de medida y actualización (UMA). Es decir, entre 117.310 y 1.173.100 pesos.
No es lo mismo, por ejemplo, publicar una imagen humorística que se presenta como parodia que crear una plataforma que imita la de una dependencia para que los usuarios crean que están ante un servicio público auténtico. La segunda situación ilustra el engaño que, según los impulsores del proyecto, se busca sancionar.
El dictamen explica que el criterio de “escala comercial” busca identificar conductas que persigan un beneficio económico, una ventaja competitiva o un perjuicio significativo para la posición de mercado del titular de un derecho. La reforma también amplía los ilícitos relacionados con la piratería y la falsificación. Entre otras medidas, plantea penas de cuatro a diez años de prisión por divulgar o distribuir sin autorización determinadas obras protegidas antes de su lanzamiento oficial, y modifica las sanciones por la venta de productos con marcas falsificadas.
Por qué hay polémica
Los legisladores oficialistas defienden que no se está castigando el humor. La senadora del PT Lizeth Sánchez resumió su postura durante el debate: “No estamos legislando contra el humor, estamos legislando contra el engaño”. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, presentó la reforma como una actualización de las sanciones frente a la piratería y la falsificación, además de una forma de ajustar la legislación a compromisos internacionales de México.
La oposición cuestiona que las condiciones incluidas en el texto basten para proteger la libertad de expresión. La panista Guadalupe Murguía advirtió de posibles efectos sobre las sátiras, caricaturas y cartones políticos. Manuel Añorve, del PRI, rechazó que una reforma contra la piratería pueda utilizarse para criminalizar la parodia o la crítica, mientras que Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, señaló riesgos para las expresiones en redes sociales. Sus reservas al dictamen fueron rechazadas por el pleno. El debate continuará en la Cámara de Diputados, que debe revisar la minuta enviada por el Senado.