Ley de Telecomunicaciones prohíbe propaganda extranjera y garantiza derecho de las audiencias
La secretaria Rosa Icela Rodríguez subrayó que la libertad de expresión es un derecho y una obligación constitucional.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió este jueves con los secretarios y secretarias de gobierno de los 32 estados del país para avanzar en la Agenda Nacional de Derechos Humanos; ahí hizo un llamado para que se garantice el derecho a la libertad de expresión.
La funcionaria federal subrayó que la libertad de expresión es un derecho y una obligación constitucional, y que el deseo de que a México le vaya mejor es lo que une, más allá de colores y diferencias ideológicas.
En este contexto, citó a la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que «en el segundo piso de la transformación no se censura a nadie».
Por otra parte, desde la Secretaría de Gobernación, se expresó la disposición de seguir sumando esfuerzos en favor de los habitantes de las entidades federativas.
Además, hizo el llamado a trabajar juntos en favor de las familias de las personas desaparecidas para que puedan encontrar justicia. La secretaria destacó la importancia de impulsar el acceso a la verdad en colaboración con la federación.
La Agenda Nacional de Derechos Humanos es un espacio diseñado para la colaboración entre las autoridades estatales y la federación, con el propósito de construir un México más justo, democrático y respetuoso de los derechos fundamentales.
¿Por qué es importante este tema?
La libertad de expresión en México enfrenta un contexto cada vez más restrictivo. Demandas por presunta violencia política de género o daño moral, así como leyes estatales aprobadas de manera rápida, están siendo utilizadas para frenar columnas, publicaciones y críticas en redes sociales, denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas.
El caso más reciente y emblemático es el cierre del diario Tribuna, en Campeche, que operaba desde hace más de cinco décadas. El pasado 20 de junio cesó operaciones por una denuncia de la gobernadora Layda Sansores por incitación al odio, difamación y calumnias. Un juez ordenó el cierre y prohibió a su exdirector, Jorge Luis González Valdez, ejercer el periodismo durante dos años.
“Es un hecho inédito y aberrante”, declaró Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México. “Las recientes leyes como la del ciberasedio en Puebla o la iniciativa sobre apología de la violencia en Michoacán ponen en riesgo el derecho a informar”, agregó.
Libertad de expresión, en riego: Encinas
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, publicó un artículo el pasado martes 1 de julio en el periódico El Universal titulado Libertad de expresión sin ambigüedades en el que reconoció que distintos acontecimientos han suscitado críticas por sus implicaciones en el ejercicio de la libre expresión de ideas y que ponen en riesgo la libertad de expreisón.
Enumeró los casos de Puebla con la llamada “Ley de ciberasedio”; la detención del periodista de Campeche, Jorge González Valdez; la sanción en Sonora a una ciudadana por criticar la designación de Diana Karina Barreras como candidata a diputada federal en 2024; o la obligación a un ciudadano a pedir disculpa pública transmitida por los canales oficiales del Senado al presidente de la cámara alta, Gerardo Fernández Noroña por un desencuentro que tuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en diciembre pasado.
Recordó que desde su origen, “la izquierda mexicana ha ejercido este derecho impulsando la lucha por la transformación social y política del país. Durante el régimen priista fue una herramienta contra la opresión, la censura y la denuncia de la represión, las injusticias sociales, la desigualdad, los abusos del poder y los fraudes electorales”.
Además, destacó que el ejercicio democrático del poder exige renunciar a la tentación de restringir, censurar o sancionar la libertad de expresión.
El caso contra la periodista Laura Brugés
La periodista Laura Brugés dio a conocer el pasado domingo que autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) le enviaron una notificación para “requerir información” sobre los acordeones utilizados en la pasada elección judicial, donde se le pide revelar sus fuentes.
En un posteo en su cuenta de la red social X, antes Twitter, Brugés apuntó: “no tengo problema en contestar su cuestionario, pero todo iba bien hasta que salen con que quieren saber quiénes son mis fuentes. ¿Qué tal?”.
Fuentes allegadas al caso comentaron a La Silla Rota que las autoridades del INE amagaron a la periodista con imponerle una multa de 50 mil pesos, de no acceder a revelar sus fuentes.
Laura Brugés remarcó que “un periodista no revela sus fuentes, ya que este compromiso es esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a información sensible que, de otro modo, no saldría a la luz”.
Demandas judiciales para silenciar
La creciente utilización de mecanismos judiciales contra comunicadores también es motivo de preocupación para organismos internacionales. Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), alertó sobre un aumento de entre 25 y 30% anual en demandas por daño moral, calumnia o violencia política, muchas veces sin sustento legal.
“Estamos viendo cómo se judicializa la opinión y se inhibe el ejercicio periodístico. Eso tiene efectos directos en la libertad de expresión”, dijo Hootsen.
Incluso desde el Poder Judicial se han levantado alertas. En entrevista con Radio Fórmula, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, manifestó su preocupación por los intentos de acotar la libertad de expresión, particularmente la que ejercen medios y ciudadanos.
Iniciativas estatales que preocupan
La llamada Ley contra el ciberasedio, aprobada en Puebla, ha sido calificada por organizaciones civiles como un instrumento para criminalizar la crítica en redes sociales y obstaculizar el trabajo de la prensa. En Michoacán, una iniciativa sobre “apología de la violencia” buscaba penalizar la difusión de ciertos contenidos periodísticos relacionados con hechos violentos.
Aunque algunos artículos fueron frenados, Balbina Flores advirtió que se trató de un intento grave por legislar en contra de lo que establece la Constitución. “Se vota sin preguntar, se legisla para callar”, denunció.
Sheinbaum contra la censura
Contexto: la presidenta Claudia Sheinbaum recién aseguró que su gobierno está en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, agregó que su administración no respaldará nada que promueva mecanismos de censura.
El 25 de abril de 2025, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, se refirió a un artículo polémico de la nueva Ley de Telecomunicaciones que daba facultades al Estado para bloquear plataformas digitales. Sheinbaum dijo:
“Si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo… que se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales”.
“Siempre hemos estado en contra de la censura, entonces ese artículo en particular tiene que modificarse para quedar claro, o eliminarse… y menos lo que se publique en plataformas digitales”
“Nuestra posición siempre es en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, siempre”, exclamó la mandataria.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también expresó que el Gobierno de México está en contra de la censura.
“Nosotros nos preciamos de seguir la línea de un gobierno por las libertades y los derechos. Entonces, de ninguna manera, el gobierno de la Cuarta Transformación está por una cuestión de la censura hacia los medios de comunicación. Absolutamente estamos en contra de cualquier intento”, expresó la funcionaria.