Luego de 50 años de transitar por un camino “difícil, complicado y peligroso”, en el cual se logró superar al Estado absolutamente rector y controlador, hoy la industria de las telecomunicaciones y radiodifusión debe enfrentar nuevamente la intención de regresar a un esquema donde éste busca ser rector, legislador, proveedor, operador, competidor y regulador.

A decir de Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes (ATIM) se trata de una figura que estaría “conculcando” la libre competencia, la neutralidad competitiva, la neutralidad regulatoria, la neutralidad de la red, la neutralidad de la infraestructura pasiva, la libertad económica, la de expresión y de comunicación privada. “Entonces, estamos ante un predicamento del cual, creo, podemos componer si todos estamos abiertos a dialogar el tema”.

“Dicen que es una nueva Ley, pero en realidad solo es una reforma a la Ley de Telecomunicaciones (anterior), porque solo fueron cambiados algunos elementos… en el fondo vemos muchos errores, de buena o mala fe, errores muy básicos en cuanto al conocimiento y de la estructura de las telecomunicaciones en México”, enfatizó al participar en el foro “Reforma de Telecomunicaciones: Desafíos y Oportunidades”, organizado por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

Al realizar un recuento del tránsito de las telecomunicaciones en México durante los últimos 50 años, calificó este periodo como “un camino, difícil, complicado, peligroso”, con un largo lapso de la década de los 40s a los 90s, con una legislación muy similar, donde el Estado era rector y operador al mismo tiempo, sin ser regulador “porque ni modo que se regulara así mismo, no había necesidad”.

Una rectoria del Estado en la cual se daban y entregaban o retiraban concesiones a discreción, con un entramado jurídico muy básico, un ejecutivo que carecía de balances y contrapesos, y donde la libertad económica, de expresión y de libre competencia no formaban parte de la política pública de telecom, cuando los monopolios vivían bajo el cobijo subsidio del Estado.

“Como ejemplo baste citar que (el Estado) controlaba el número de concesiones y jugadores, definía cuándo, cómo y dónde se otorgaban las concesiones de Radiodifusión y Telecomunicaciones, con casos de solicitudes que eran atendidas pasados hasta 20 años; controlaba los precios, los aparatos que se utilizaban en las redes (teletipos, módems) controlaba a los locutores de los medios de radio y tv”.

Se debe recordar que las películas y los contenidos que se producían para radio, cine y televisión se censuraban previamente, tardaban hasta dos o tres años para exhibirse en México, porque antes debían de ser revisados, y para tener servicios de telecomunicaciones había que comprar acciones de la telefónica del Estado.

Todo esto desembocó en una nula competencia, los precios aunque controlados eran caros, servicios deficientes, atraso tecnológico en el sector, censura y espionaje a través de una sede oficial mediante la cual “todo podían escuchar”.

El tránsito fue hacia un Estado regulador que dejó de ser operador, resultado de mucha gente de derecha y de izquierda convencida de que era el camino para ganar las libertades sociales, políticas, económicas de todos los mexicanos. Con lo cual se rompió el cerco ideológico, informático y económico, abrió condiciones democráticas y mayor libertad para los contenidos y de expresión.

La extinta Cofetel fue otro paso; una entidad adscrita al Estado, con ella se inició la competencia en Larga Distancia en Servicios Móviles, en Radio y Televisión se otorgaron concesiones de manera transparente, se eliminaron trámites innecesarios, se crearon estándares para los servicios telecom, se abrió el acceso a internet, se creó el dividendo digital, e inicia la especialización del servicio público, el talón de Aquiles fue la fuerte intromisión del Ejecutivo en las decisiones políticas y no técnicas del sector, así como en la designación de los comisionados.

Este avance permitió llegar a la constitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un periodo en el cual se logró reducir los precios de los servicios de telefonía móvil casi 50 por ciento; el del acceso al internet en 40 por ciento; se pasó de 19 millones de líneas fijas a 29 millones; de 104 millones a 144 millones de líneas móviles, de mil 800 a 2 mil 078 concesiones comerciales de AM, FM y Televisión, de 101 a 472 concesiones públicas de AM, FM y Televisión.

De igual forma se logró aumentar las concesiones sociales de sólo 13 a 200; en materia de concesiones comunitarias e indígenas, su número aumentó de 3 a 35; mientras que las comercializadoras de servicios de telecom se incrementaron de 180 a 2 mil 500; en tanto que los servicios satelitales pasaron de 340 a 446.

Las concesiones de redes públicas de telecomunicaciones se elevaron de 75 a mil 909, y se homologaron 111 mil 200 equipos. No obstante estos avances, en el IFT también faltaron balances y contrapesos, y sobre todo, generar responsabilidades ante las omisiones, por ejemplo, del Senado en la designación de los comisionados, que llevaron a un Pleno obligatorio de siete integrantes a sólo cuatro con limitaciones serias en regulación.

Actualmente se tiene una reforma con la cual se empieza a presionar con retomar la participación de un Estado que funcione como proveedor y comercializador, al dirigir CFE Telecom Internet para Todos y Altán Redes que ya ha representado el costo de dos rescates con dinero público.

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