Dicen que sustituir a mil 600 juzgadores generaría un desajuste en la impartición de justicia en México; un cambio mal hecho convertiría los cargos en una subasta de jueces y magistrados

Legisladores de Morena y PT reiteraron que la reforma judicial va y adelantaron que la elección popular de jueces, magistrados y ministros es irreductible porque es un mandato del pueblo.

En contraste, la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtieron que sustituir en un momento a más de mil 600 personas juzgadoras federales generaría un desajuste importante en el funcionamiento de la impartición de justicia en México; que una reforma mal hecha podría convertir a la justicia en una subasta de jueces y magistrados, y que el método de elección popular generará compromisos políticos y con el elector, lo que impide la imparcialidad.

En la inauguración de los “Diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial”, un sector de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura pidió que, ante la inminente intención de la mayoría para aprobar una reforma, la sustitución de juzgadores se realice de manera escalonada.

Sin embargo, no todo el pleno de la Corte consideró riesgosa la reforma, pues las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz la apoyaron abiertamente. Afirmaron que ese cambio constitucional democratizará al Poder Judicial, pues actualmente “sus puertas están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México”.

La presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, afirmó que “la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial”, y refirió que en la propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no “debe pesar más la celeridad que la idoneidad”.

Piña Hernández pidió ser críticos del Poder Judicial de la Federación (PJF): “Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad. Critiquemos con responsabilidad de Estado”, exigió.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aclaró que no está a favor de materializar una reforma de alto impacto al PJF que contemple la elección de jueces mediante voto popular. Ese mecanismo “no es el idóneo para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege y la autonomía e independencia del Poder Judicial”, subrayó.

Advirtió que esto generaría un desajuste al sustituir a más de mil 600 juzgadores, además de la totalidad de los ministros y propuso una sustitución escalonada.

La ministra Esquivel Mossa opinó: “El mandato en las urnas fue claro y el Poder Judicial no puede taparse los ojos”, y propuso que la elección de jueces y magistrados sea de manera progresiva “para que no desmantelemos un sistema de justicia que hoy está funcionando”.

El ministro Juan Luis González Alcántara alertó que la iniciativa “politiza” el nombramiento de ministros, magistrados y jueces, porque en primera instancia, esos candidatos deberán pasar por un filtro político: “La reforma constitucional planteada por el Ejecutivo federal no resuelve los problemas del Poder Judicial, por el contrario, pone en riesgo el acceso a la justicia”.

El ministro Javier Laynez Potisek enfatizó que la elección de los jueces “no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial Federal, y permítanme ponerlo sobre la mesa como tema de discusión: Yo temo que esta propuesta pueda agravar drásticamente estos problemas”.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pidió tener cuidado con los cambios que se pretenden avalar, pues una reforma mal hecha “podría convertir la justicia en una subasta de jueces y magistrados”.

Acusó que una reforma mal hecha afectará a la economía nacional, porque “la independencia judicial es fundamental para lograr una cancha pareja en los tribunales”.
El ministro Alberto Pérez Dayán consideró que toda reforma constitucional “debe estudiarse a fondo con el tiempo necesario por su trascendencia”.

Margarita Ríos-Farjat pidió “no desarreglar lo que funciona para no crear problemas”, y planteó fortalecer a los poderes judiciales de los estados, la escuela de formación judicial, certificar a las escuelas de Derecho y generar mecanismos para que futuros jueces den servicio social en las zonas más apartadas.

La consejera de la Judicatura Federal, Eva Verónica de Gyvés Zárate, expuso que la sustitución de los juzgadores sea progresiva: “Que se vaya dando de forma gradual en los distintos estados atendiendo las cargas de trabajo, con el fin de que la impartición de justicia no se afecte”.

Pese a los argumentos y posturas en contra por parte de ministros, jueces y magistrados, los legisladores de Morena amenzaron que la reforma va, porque ese fue el mandato que el pueblo les dio en las urnas.

En sintonía con la postura de la bancada guinda, también se manifestó la ministras Batres Guadarrama, que dijo que el cambio constitucional “democratizará a ese poder”, pues hoy “sus puertas están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México”.

La ministra Ortiz Ahlf dijo que apoya la elección: “Lo más deseable es que dejemos atrás cualquier aplicación pasiva de las normas, para colocar en el centro de la reforma a las personas justiciables”.

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