Defensores de las audiencias de distintos medios públicos, celebraron que la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión recoja el espíritu de la ley del 2013, donde se considera como derecho humano la posibilidad de que las audiencias sean escuchadas, pero mostraron preocupación por la falta de autonomía del órgano garante, es decir, la ATDT.

Durante la tercera mesa del foro “Reforma de telecomunicaciones: desafíos y oportunidades”, convocado por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados donde se habló de los derechos de las audiencias, Hilda Saray Gómez González, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) fue clara:

“Nos oponemos a cualquier regulación que limite, censure o restrinja los derechos humanos tanto en telecomunicaciones y radiodifusión como en el ciberespacio, incluyendo todas las tecnologías y plataformas digitales”.

En ese sentido, solicitó que “se clarifiquen redacciones ambiguas, se eliminen vacíos y disposiciones que permitan la discrecionalidad en la nueva normativa” y agradeció que ambas cámaras del Congreso estén dispuestas a dialogar para crear una norma con perspectiva de derechos y gobernanza.

Reconoció que la ley propuesta, vuelve a los postulados originales de la Ley del 2013 sobre los derechos de las audiencias, mismos que sufrieron retrocesos y un largo camino legal hasta recuperarse en 2025.

No obstante, se debe entender que los defensores de las audiencias no son empleados del gobierno, de los medios de comunicación, ni mucho menos instancias de censura y además, la nueva ley debe recuperar el sentido de pluralidad de los medios públicos.

“Debemos entender que los derechos de las audiencias son derechos humanos y como tal se deben plasmar en la ley, con la debida exigencia en su cumplimiento”.

En su oportunidad, Adriana Solórzano Fuentes, fundadora de la Asociación Mexicana de Derechos de las Audiencias, mostró su preocupación porque en la nueva legislación el órgano garante (la ATDT) ya no es autónomo y “aunque se ha dicho que ya no hay marcha atrás; es un tema que vale la pena discutir, por las implicaciones que tendrá que la autoridad sea una dependencia del Poder Ejecutivo”.

A través de los lineamientos que antes le tocaba emitir al IFT y ahora a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), se estarían ejerciendo facultades cuasi legislativas que podrían invadir poderes, en este caso, del Ejecutivo al Legislativo.

Sin embargo, aclaró que los derechos de las audiencias son derechos humanos y por lo tanto los defensores de las audiencias no ejercen censura; “no son un límite a la libertad de expresión; por el contrario, la ensanchan no sólo en la libertad individual, sino en su dimensión social”. 

Recordó que las recomendaciones de los defensores de las audiencias no son vinculantes, por lo tanto se trata de derechos no punitivos y por eso es positivo que la nueva ley, no obligue a los defensores de las audiencias a pagar multas, cuando los medios no cumplan con ellas, pues se trata de una responsabilidad del medio.

Gabriela Delgado Flores, directora general de “A Favor de lo Mejor” centró su ponencia en lo que se debe cambiar, lo que se puede celebrar y lo que falta en la nueva ley.

Se debe cambiar el artículo 109 porque “suspender las plataformas, atenta contra los derechos digitales de los ciudadanos. La libertad y el pluralismo en los medios de comunicación son pilares de la democracia y cualquier cosa que atenta contra esto tiene que ser eliminado”.

Entre lo que se puede celebrar de esta ley se recupera el concepto de derechos de las audiencias y que se ponga al ciudadano al centro, pero también aclaró que “el internet y las plataformas no son tierra de nadie”, porque todas cuentan con códigos de ética y normas de comunidad que se deben respetar.  

Y si bien la nueva ley recoge el concepto de los defensores de las audiencias, “debe quedar claro que esta figura no es un censurador; nada más lejos de la realidad; el papel de los defensores de audiencias es garantizar un derecho y ésa es una buena práctica democrática”. 

Lo que falta en la ley es más énfasis en la alfabetización mediática “porque la alfabetización mediática aumenta la conciencia y contrarresta la difusión de información y noticias falsas en medios digitales y ayuda a discernir lo falso de lo verdadero”.

Pero también falta un Consejo Consultivo Ciudadano para la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como un mecanismo de escucha hacia los ciudadanos; “esas prácticas enriquecerían la reforma”.

Finalmente, Gabriela Ortiz Portilla, defensora de Audiencia del Canal del Congreso, dijo que los cuatro puntos importantes a cuidar en la nueva legislación son la alfabetización mediática; el establecimiento de un defensor del internauta y de las plataformas; el acceso a la justicia de las audiencias y la accesibilidad para personas con discapacidad.

Sobre la alfabetización mediática, destacó que a causa de las noticias falsas, pueden incluso estar en riesgo procesos electorales y generar crisis democráticas, lo cual subraya la importancia de que la gente pueda distinguir las noticias falsas.

Sobre la defensoría del internauta (figura que ya existe en Reino Unido y Francia), en el mundo hay 5 mil millones de personas equivalentes al 63.5 por ciento de la población, que usan redes sociales y por lo tanto es muy importante que cuenten con una defensoría.

Eso lleva a su vez al acceso a la justicia, pues si bien un defensor de audiencia puede fallar a favor del quejoso, el medio no está obligado a cumplir la recomendación y por lo tanto, el ciudadano debe contar con herramientas para no quedar desprotegido jurídicamente.

Se deben atender las necesidades de personas con discapacidad para que las emisiones de radio y televisión garanticen el acceso de esas personas accedan a los contenidos y que las plataformas tengan diseños accesibles.