De avanzar, nuevo diseño jurídico en telecom será motivo de análisis a la luz del T-MEC

Más allá de la “cirugía mayor” que implicará la legislación secundaria una vez que eventualmente se apruebe la reforma constitucional que desaparecería al IFT, “todo va a depender del presupuesto para enfrentar todas estas modificaciones administrativas”, pues no sólo habrá que trasladar las funciones de oficinas especializadas del regulador a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), sino que habrá un importante tema laboral al que se deberán destinar recursos.

Lidia García Márquez, directora ejecutiva de la firma de consultoría Gobernanza Estrategia Visión (GEV), consideró que “tal como se dice en el argot: ´si la cirugía es mayor, mejor expides una nueva ley´, porque en este caso se tienen muchas cosas: cómo bajar las atribuciones que tenía el IFT ahora que se van a delegar en la SICT y cómo esto va también a implicar modificaciones a nivel organizacional de la administración pública”.

En entrevista con ConsumoTIC, advirtió que la propuesta de reformas constitucionales se debe analizar desde varias aristas: el tema de Políticas Públicas, el cambio de paradigma, donde solamente será el Estado a través del Ejecutivo quien opere todo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la concentración de la información de todo lo que ha generado en 10 años el IFT y el expertise acumulado.

El tema laboral será importante, porque el personal que deberá ser trasladado, también generará un gasto para el Estado, además de algunos temas específicos donde el IFT tiene personas muy especializadas en materias como la competencia y libre concurrencia, donde incluso el Instituto creó una oficina específica “y todo eso tiene que ser trasladado a la SICT”.

También destacó que la gestión en materia de concesiones, que implica otorgarlas, supervisarlas, o retirarlas si fuera el caso; así como establecer las contraprestaciones por su otorgamiento, todo requiere de vigilancia y seguimiento y por lo tanto, “vienen adecuaciones administrativas a nivel orgánico de la administración pública; eso es indispensable porque se tiene que bajar lo que se está estableciendo en la Constitución a leyes operativas como la (Ley) Orgánica de la Administración Pública Federal”.

Insistió en que para la operación de toda esa parte y el paso del IFT a la SCIT requerirá presupuesto, de manera que se deberá ver cómo viene el Proyecto de Presupuesto que se presente a principios de septiembre al Congreso, para saber cómo se va a operar.

Además, es importante observar los artículos transitorios que eventualmente acompañen a las modificaciones constitucionales, porque seguramente ahí vendrán esquemas con la idea de “esto se aplica mientras se aprueba la legislación secundaria”, para dar tiempo de crear leyes nuevas, pues ajustar las actuales sería impráctico y muy complicado.

De hecho, tendrá que haber oficinas específicas para atender temas de concesiones y de competencia económica, porque esto es parte de los compromisos internacionales firmados por México, por ejemplo en el Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Recordemos que el T-MEC se revisa en el 2026 y cuando esto ocurra si las reformas caminan en el sentido que han dicho abiertamente los legisladores, para el 2026 nosotros ya tendremos nueva regulación en México. Con esto, muy probablemente se cuestione si con nuestro nuevo panorama regulatorio, se cumple con este compromiso internacional”.

De hecho, seguramente “cuando lleguemos a la revisión del T-MEC, el nuevo marco regulatorio, será motivo de revisión detallada” por los otros países, pues al momento de firmar ese documento México aceptó contar con una autoridad especializada, autónoma e independiente del Poder Ejecutivo y por lo tanto, “habrá que ver cómo se va a bajar a leyes secundarias, para que esta autoridad, en este caso la SICT, cumpla con todos esos requisitos. Muy probablemente cuando se haga el diseño orgánico, se tratará de solventar todas estas cuestiones que al momento de la suscripción del T-MEC, se pusieron en la mesa”.

La especialista advirtió que hay otro tema que parece no estar en el radar: las modificaciones propuestas a las empresas productivas del Estado, donde están señalando que Pemex y CFE van a cambiar su figura jurídica para hacerlas más competitivas frente a particulares, es decir, los llamados monopolios legales.

El caso es que CFE con su parte de telecomunicaciones, será objeto de cambios y recomendó “ver hermanadas estas dos modificaciones con esta, que va a impactar a la paraestatal, porque no solamente es el tema energético, sino también el caso de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” y eso va a incidir en la competencia en el sector de telecomunicaciones.

https://consumotic.mx/telecom/presupuesto-tema-clave-tras-eventual-desaparicion-del-ift/