El manejo del espectro radioeléctrico entre los países de la OCDE suele ser un “talón de Aquiles” para reducir los costos de despliegue de infraestructura; Sin embargo, en el caso de México esta organización internacional refrenda la recomendación que por más de 10 años ha realizado: “reducir lo más posible los pagos de derechos anuales” por el uso de este recurso esencial para la conectividad y la digitalización.

Al participar en México Digital Summit 2025, Alexia González Fanfalone, Jefa de la Unidad de Servicios en Infraestructuras de Conectividad de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) dijo que cualquier paso que se dé para reducir los costos de despliegue y desarrollo de infraestructura, se acercará más a los países al cierre de la brecha digital.

“El espectro radioeléctrico es un insumo esencial para las redes de telecomunicaciones móviles y, por ende, crucial para cerrar las brechas de conectividad. En particular para México, una de las recomendaciones que hemos venido haciendo desde hace los últimos 10 años es reducir lo más posible los pagos de derechos anuales del espectro”.

Refirió que al igual que muchos países de la OCDE, México utilizan las licitaciones para determinar el valor del espectro radioeléctrico, pero se caracterizan por tener un modelo híbrido al sumar el pago de derechos anuales por el uso de este recurso.

En México, explicó, un porcentaje importante del pago del espectro se hace durante la vida de la concesión a través de los derechos anuales implementados por la Secretaría de Hacienda, lo cual no permite que la subasta revele el valor real de este recurso.

Explicó que el diseño de la subasta es fundamental para alcanzar objetivos de política pública a través de obligaciones o compromisos de inversión; Sin embargo, las cuotas anuales distorsionan este mecanismo porque imponen un costo artificial inicial que no está determinado dentro de la licitación.

“El segundo efecto que se tiene es introducir incertidumbre en el contrato si se cambian esas cuotas en el futuro”, así como aumentar el precio de reserva de la subasta, lo que incide en los nuevos entrantes.

El resultado de tener un modelo como el descrito ha representado la devolución de espectro radioeléctrico por parte de los operadores de telecomunicaciones que participan en el mercado mexicano, “uno de ellos devolviendo la totalidad, ahora ya es un móvil virtual”, lo que se suma a procesos de licitación donde una gran cantidad de bloques han quedado desiertos.

Esto, dijo, distingue a México de las tendencias globales y también de entre los países de la OCDE, en un momento donde los operadores están “corriendo” para obtener más espectro y desplegar redes 5G.

“En México es notorio que el sector de telecomunicaciones se encuentra nuevamente en un punto de inflexión, lo cual puede representar una ventana de oportunidad. Los formuladores de políticas públicas, el nuevo regulador, la agencia de transformación digital y de telecomunicaciones, así como los legisladores, tienen un papel protagónico para lograr aumentar la conectividad en el país”.

Alexia González Fanfalone expuso que de acuerdo con un reciente estudio de la OCDE, la fibra óptica y su adopción se han disparado entre los países que conforman la organización, pasando del 28 por ciento del total de las suscripciones de banda ancha fija en 2019 al 47 por ciento en 2024. En cinco países, este umbral supera el 80 por ciento, como es el caso de Corea y España.

En términos de penetración de fibra óptica, México tiene 15.1 usuarios y suscripciones por cada 100 habitantes, lo cual está ligeramente por debajo de la media de la OCDE, de 17 suscripciones por cada 100.

En materia de 5G, esta tecnología está disponible en 37 de los 38 países de la OCDE y representa el 37 por ciento de todas las suscripciones de banda ancha móvil. La penetración de 5G en la OCDE es de 41.4 suscripciones por cada 100, mientras que en México es de solo 14.

Tras la reforma de 2013 de telecomunicaciones, en México se implementaron 28 de las 31 recomendaciones que en su momento realizó la OCDE; se abrió el sector, se eliminaron barreras a la inversión extranjera directa y se creó un regulador fuerte e independiente.

“Lo que hemos visto en datos del 2013 al 2024, es que México registró más de 96 millones de nuevas suscripciones de banda ancha móvil, es decir, más que toda la población de Colombia y Perú. Esto vino acompañado de fuertes descensos en los precios de banda ancha móvil en México, que oscilaron entre 66 a 83 por ciento de descenso, y trajo muchos beneficios para las y los mexicanos”.

En este período, muchas personas lograron conectarse a Internet por primera vez, y es por ello que se asegura que se trata de una herramienta muy importante en la conectividad para la inclusión social. Sin embargo, las brechas de conectividad persisten entre áreas rurales y urbanas en todos los países de la OCDE, y por supuesto también en México.

“Nuestro último reporte que lanzamos en julio sobre cómo cerrar esas brechas de conectividad muestra que en los países de la OCDE, los usuarios en zonas urbanas experimentan velocidades de descarga de banda ancha fija 44 por ciento mayores que aquellos en zonas rurales. Y la pregunta del millón es cómo extender la banda ancha y cerrar esas brechas digitales”.

En este escenario es clara la necesidad de continuar fortaleciendo un marco institucional y reducir las cargas en un sector tan neurálgico para el desarrollo económico del país.

“Los análisis de la OCDE en las últimas dos décadas ponen en manifiesto que la liberalización del sector de telecomunicaciones ha aportado muchísimas ventajas, incrementando la seguridad, disponibilidad y calidad de los servicios de telecomunicaciones”.

Además del fomento a la competencia, la promoción de inversión en redes, la reducción de barreras al despliegue de infraestructura, se requiere un marco regulatorio sólido, con certeza jurídica, para poder fomentar esa inversión tan importante que es el combustible de la transformación digital.

En este momento clave para México, es fundamental que se fortalezca la independencia del nuevo regulador, para que éste tenga todas las herramientas necesarias para cumplir con su objetivo de promover la competencia, fomentar la inversión e impulsar la innovación en el sector.

“La independencia también depende del presupuesto, para que pueda llevar a cabo sus funciones, para que pueda hacer ese análisis y recopilación de datos que informan decisiones cada vez más complejas. También depende del respeto de su autonomía técnica, tanto de las influencias políticas como del sector”.