De cara al periodo extraordinario en el que se discutirá la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Canieti advirtió sobre los riesgos que representaría permitir que el gobierno se otorgue a sí mismo concesiones para que compita directamente en el mercado minorista, proveyendo servicios a usuarios finales con fines comerciales.

De entrada, advirtió, se trastocaría el régimen de competencia, al permitir destinar recursos públicos para competir en condiciones preferenciales únicamente por su condición de entidad gubernamental y regulatoria, en perjuicio de la inversión privada.

Además, representaría otorgar ventajas y sin previo análisis de impacto regulatorio, en el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico frente al resto de los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones, los cuales tienen que pagar 10 veces más por el uso de bandas similares del espectro radioeléctrico de telecomunicaciones.

Permitir que el gobierno se otorgue a sí mismo concesiones para que compita directamente en el mercado minorista, significaría modificar la naturaleza de la red compartida, diseñada para prestar exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, que es una figura que ha permitido un desarrollo eficiente y factible para la prestación de más y mejores servicios, pondría en grave riesgo el desarrollo y la convergencia de los servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, representaría permitir la explotación comercial del espectro radioeléctrico, sin haberse llevado a cabo el proceso de licitación pública, en conflicto con estándares de protección de tratados de inversión celebrados con más de 30 países, el T-MEC y el TPP.

Esto daría paso a que el Estado no provea servicios en condiciones equitativas y, además, la red mayorista podría obtener descuentos en costos de espectro y acceso a presupuestos y bienes públicos, de los que no gozan sus competidores en el mercado.

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) también advirtió que de aprobar la Ley Telecom como se encuentra redactada la iniciativa, significaría desvirtuar el rol esencial del Estado que es asegurar la conectividad.

“La provisión de servicios de internet de forma pública, abierta y gratuita, se presenta como una solución viable y necesaria, garantizando que se cubran las áreas desatendidas y promoviendo la equidad en el acceso”.

El organismo empresarial recordó que la penetración de servicios de telecomunicaciones en las zonas urbanas es alta, con tarifas menores que en otros países debido a las inversiones y la competencia existente.

“Se reconoce la función social del gobierno, pero al permitir la explotación comercial pública implica que la industria tenga que realizar más y mayores inversiones, sin los correspondientes retornos en un ambiente de distorsión de la competencia, lo que inhibiría las mismas. Esto afectaría directamente al sector telecomunicaciones, pero generaría la incertidumbre de que ocurriese est en otras industrias”.

La Canieti expuso que valora y reconoce la disposición al diálogo mostrada por el Senado de la República, y por el Ejecutivo Federal, a través de la Presidencia de la República y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en los conversatorios para el análisis y propuesta del dictamen de la Ley Telecom.

“A fin de reforzar las observaciones manifestadas, es indispensable subrayar que, desde su diseño institucional, la participación del Estado en la provisión de servicios de telecomunicaciones ha estado limitada a esquemas sin fines de lucro, orientados a garantizar el acceso donde el mercado no ha sido suficiente”.

Subrayó que esta limitación no es arbitraria, sino que deriva de principios constitucionales, como el de neutralidad competitiva, y de criterios regulatorios que reconocen que el uso de recursos públicos para fines comerciales, puede generar distorsiones en el mercado.

De acuerdo con la Ley vigente, las concesiones con fines comerciales en manos del Estado tienen el carácter de redes compartidas mayoristas y no pueden proveer servicios de manera directa a usuarios finales; es decir, su enfoque está orientado en comercializar capacidad a otras redes para incentivar la conectividad.

“Cuando el Estado accede a concesiones comerciales, éstas deben ser mayoristas, puesto que la finalidad es que los insumos o capacidad de red desplegada se pongan a disposición de cualquier operador en términos no discriminatorios”.

De lo contrario, apuntó la cámara, el gobierno estaría destinando recursos públicos para competir en el mercado en condiciones ventajosas, lo que es contrario a cualquier régimen de competencia económica y a estándares de trato no discriminatorio tutelados en tratados internacionales y tratados de protección a inversiones.

“En la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, que dio origen a la red compartida mayorista, se estableció que se le asignarían 90 MHz de la banda de 700 MHz (que en condiciones normales debían licitarse por dedicarse a uso comercial), y que la red prestaría exclusivamente servicios mayoristas, con la prohibición expresa de prestar servicios a usuarios finales. Esto facilitaría las economías necesarias para que un operador desplegara la infraestructura en áreas no servidas, y otros proveyeran servicios aprovechándola”.

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