5 de diciembre de 2022

Crece interés del Poder Judicial por adopción tecnológica

Piden mejorar infraestructura tecnológica de México.

11/02/22

Una estrategia nacional para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Poderes Judiciales en México permitiría revertir los rezagos y ofrecer una justicia digital pronta, expedita, menos costosa y más transparente, aún con las distintas realidades que se viven en temas como conectividad, presupuestos y habilidades.

El Diagnóstico de Implementación de Herramientas Tecnológicas en los Poderes Judiciales en México, de la organización México Evalúa, que contiene datos actualizados hasta junio del 2021, reveló que el uso de herramientas digitales tuvo un crecimiento importante en tribunales y juzgados.

Mientras que en 2019 sólo 16 poderes judiciales contaban con un expediente electrónico, para el 2021 la cifra subió a 25; los que tenían firma electrónica pasaron de nueve a 15 y los que utilizaban una plataforma para la interposición de demandas/promociones se duplicaron de siete a 16. Aunque sólo 2 poderes judiciales han implementado hasta ahora los juicios en línea.

“Estos resultados demuestran la presión de la pandemia en los poderes judiciales, pero también el interés en mejorar las existentes; sin embargo, es importante señalar que los datos muestran un importante crecimiento en el uso de herramientas tecnológicas por parte de las y los usuarios, lo cual es una buena noticia”, destacó Laurence Pantin, Coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales.

De acuerdo con el análisis, presentado a través de una conferencia virtual, se emitieron 2 mil 606 firmas electrónicas en el 2019, pero para el 2020 fueron 9 mil 171, es decir, tres veces más, y para el 2021 la cifra llegó a 9 mil 740; en tanto, el número de usuarios registrados para consultar el expediente electrónico pasó de 21 mil 696, a 120 mil 545 y a 104 mil 422.

“Otro de nuestros hallazgos es que no todas las herramientas tienen el mismo grado de sofisticación, pues algunas ofrecen más funcionalidades que otras, lo que se relaciona directamente con los usuarios pueden o no hacer con la herramienta”, abundó.

Asimismo, las herramientas tecnológicas se han implementado de manera heterogénea; es decir, pocos poderes judiciales han logrado implementarlas en todas las materias y en todos los juzgados.

“Generalmente la implementación se centra en los juzgados de la capital, principalmente por falta de infraestructura en telecomunicaciones adecuada en comunidades alejadas; además pocas herramientas están interconectadas al interior o al exterior de los poderes judiciales, lo cual obstaculiza el intercambio de información de manera más automática”.

La falta de un plan de desarrollo tecnológico, la poca información del costo de las herramientas, que provoca que los departamentos de Tecnología tengan dificultad para solicitar un presupuesto adecuado cuando necesitan desarrollar nuevas, así como los escasos esfuerzos de difusión y capacitación, y la falta de una evaluación del impacto son algunos de los pendientes que se encontraron en los poderes judiciales.

“Es muy importante mejorar las condiciones de infraestructura tecnológica en el país, ya que la mayoría de los esfuerzos de los poderes judiciales se ha limitado a zonas geográficas con mayor acceso a internet; impulsar cambios normativos que incentiven el uso de herramientas tecnológicas en la impartición de justicia”.

Invertir en tecnología, subrayó Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, debe ser un eje estratégico del desarrollo de toda institución, debe tocar todos los aspectos del desarrollo del tribunal, comprar más ancho de banda, actualizar los equipos y sobre todo la capacitación, pero no solamente al personal del poder judicial sino también de los usuarios.

El Magistrado reconoció que aunque el desarrollo tecnológico siempre será aspiracional, es necesario acabar con la falta de conectividad, mejorar los precios así como la calidad de los servicios de telecomunicaciones.

“Que las empresas que se dedican a eso y la autoridad reguladora impulsen el desarrollo de estas empresas, para generar las condiciones que nos permitan de entrada tener un piso parejo todas las entidades federativas, pero hay entidades que con su conectividad y lo alejado de muchas comunidades hace prácticamente imposible e inaccesible la justicia digital”.

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