4 de marzo de 2024

Ven omisiones en casos de periodistas asesinados

La ONU-DH destaca que, a pesar de la capacidad existente en México para investigar agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, hay omisiones significativas que afectan el esclarecimiento de los hechos.

Un reciente informe de la ONU-DH identificó que aunque en México existen las capacidades para investigar las agresiones en contra de personas defensoras y periodistas, las averiguaciones presentan omisiones y deficiencias que afectan el esclarecimiento de los hechos.

A través de su informe “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) documentó más del 30% los defensores y periodistas asesinados entre enero de 2019 y octubre de 2023, habían presentado formalmente denuncias que no habrían sido adecuadamente consideradas ni tramitadas.

Defensores y periodistas asesinados

Y es que de las 138 personas defensoras y periodistas víctimas de asesinatos documentados por la ONU-DH México entre 2019 y 2023, prácticamente dos tercios habían sufrido incidentes previos, por lo que al no recibir el trato adecuado el Estado no habría cumplido con sus obligaciones en materia de prevención y protección efectiva de quienes habían ya demostrado estar en riesgo.

“De igual modo, habría faltado a su deber de investigar, juzgar y sancionar las agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, advierte el organismo.

En este contexto, recordó que en nuestro país las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se enfrentan a un riesgo exacerbado, por lo que el impacto de la impunidad en estos casos implica que la violencia reiterada contra este sector no cesará, lo que afecta directamente el goce de los derechos humanos democráticos del país.

Luego de realizar un estudio detallado de las más de 4,000 fojas de las carpetas de investigación de nueve víctimas: Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, madre buscadora en Tamaulipas, asesinada fuera de su casa la noche del 10 de mayo de 2017; Isidro Baldenegro López, ambientalista rarámuri, asesinado con disparos de arma de fuego en su comunidad de Coloradas de la Virgen, en Chihuahua el 15 de enero de 2017; Meztli Sarabia Reyna, quien era defensora de derechos humanos y asesinada el 29 de junio de 2017 en un ataque armado a la oficina de su organización.

Arnulfo Cerón Soriano, activista indígena Nahua de Guerrero, desaparecido y asesinado entre octubre y noviembre de 2019; Edgar Daniel Esqueda Castro, fotoperiodista de San Luis Potosí y localizado sin vida y con signos de tortura el 6 de octubre de 2017; Agustín Silva Vásquez, un joven periodista del Sol del Istmo de Oaxaca, y quien desde el 21 de enero de 2018 se encuentra desaparecido; Amir Ibrahim Mohamed Alfie, periodista de Quintana Roo, víctima de amenazas en 2017; Gloria Ruiz García, periodista de Coahuila, víctima de amenazas en 2016 y Camelia Muñoz Alvarado, periodista de Saltillo, Coahuila, que en 2019 recibió amenazas por redes sociales.

Necesidad de recursos y voluntad para investigar

La ONU-DH observó que en México existe capacidad, tanto por parte de la FGR como de las fiscalías estatales, para realizar investigaciones conforme a los principios generales de debida diligencia, pero que no siempre se conjugan los recursos, la competencia y la voluntad necesarias para cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar.

Lo anterior debido a que en el análisis de los caso se identificaron omisiones, particularmente en el cumplimiento de los principios de debida diligencia de oportunidad, competencia y exhaustividad, que se ven reflejadas en: deficiencias en la preservación del lugar de los hechos; pérdida de videograbaciones por retrasos injustificados en su identificación y obtención.

Falta de seguimiento a solicitudes de diligencias; no agotamiento de las líneas de investigación relacionadas con la labor de la víctima; no agotamiento de las líneas de investigación relacionadas con el potencial involucramiento de servidores públicos; entre otras.

Asimismo, en algunos casos no se brindó a las víctimas un adecuado acceso a la información de la investigación.

Además, destacó la falta, en la mayoría de los casos, de priorización y agotamiento de líneas de investigación relacionadas con la labor periodística o de defensa de derechos humanos de las víctimas.

“Son varios los elementos de convicción que permiten concluir que gran parte de los funcionarios y funcionarias de las fiscalías no tienen pleno conocimiento del rol social de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de las razones por las cuales sufren agresiones y, sobre todo, del porqué deben ser especialmente reconocidas y protegidas”, advierte la ONU-DH.

En este contexto, añadió que en pocas ocasiones se obtuvo información para construir el perfil de la víctima.

“Quedó patente que para esclarecer los hechos que suscitan la apertura de una carpeta de investigación las fiscalías necesitan los recursos humanos y materiales adecuados, la pericia de su personal y la voluntad para superar los obstáculos fácticos y políticos que puedan surgir”, agrega.

Por otro lado, halló otras malas prácticas, tales como entrevistas hechas sin exhaustividad, la falta de análisis de los datos de prueba disponibles, las omisiones de protección a las víctimas y la pérdida de indicios por la realización tardía de actos de investigación explican que, en gran parte, la persistencia de la impunidad se relaciona con la falta de un compromiso con la justicia por parte de las instituciones y su personal.

Mientras que en varios de los casos analizados, la ONU-DH México pudo constatar una preocupante deficiencia en términos de conocimiento técnico por parte de agentes del Ministerio Público y Policías de Investigación, “lo que pone de manifiesto la necesidad de una mejor formación y capacitación para poder cumplir con las obligaciones en materia de debida diligencia”.

Persistencia de impunidad y necesidad de medidas efectivas

“En México, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se enfrentan a un riesgo exacerbado, materializado en distintos tipos de agresiones que van desde campañas de desprestigio y amenazas, vigilancia y hostigamiento, hasta desapariciones y asesinatos.

“En ese sentido, resulta sumamente preocupante que en México persistan elevados niveles de impunidad, misma que constituiría uno de los principales alicientes de nuevas agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, concluyó el organismo internacional.

https://www.eleconomista.com.mx/politica/ONU-DH-advierte-omisiones-y-deficiencias-al-investigar-ataques-contra-periodistas-y-defensores-20240108-0105.html