Segob solicita a legisladores que homologuen leyes de protección a periodistas

MÉXICO.- En una reunión de trabajo con los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos, el Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instó a los diputados federales a ejercer presión para lograr la aprobación de la reforma que actualmente está detenida en la Cámara de Senadores. El objetivo de esta reforma es armonizar la legislación en esta área a nivel nacional.

En el encuentro, Irazoque Palazuelos explicó que en la actualidad, 18 de las 32 entidades federativas cuentan con leyes en vigor relacionadas con la protección de personas defensoras de derechos humanos y/o periodistas. 

Por otro lado, 17 de las 32 entidades disponen de un mecanismo establecido para salvaguardar a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

“El problema es que esas legislaciones no se conectan con la ley federal, no está armonizado, y aunque haya coordinación, jurídicamente no hay un espacio de diálogo para encontrar una asertividad, las resoluciones de la ley federal no aplica en los estados y viceversa, entonces, el problema está ahí, si el mecanismo no tiene herramientas para llegar a los estados, es muy difícil, yo creo que esto se puede subsanar con esta iniciativa que está en el Senado de la República”, explicó.

Adicionalmente, expuso, 20 entidades no cuentan con fiscalías especializadas en la materia.
Irazoque Palazuelos reconoció que en lo que va del sexenio actual (de diciembre de 2018 a julio de 2023) se han registrado 58 homicidios de personas periodistas.

“Esto es producto de un contexto que deviene desde hace más de 16 años, basta con revisar las cifras, ya que solamente en los sexenios del Presidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ocurrieron más de 90 asesinatos. En esta administración van 58, dos en el año 2018, 14 en 2019, 17 en 2020, nueve en 2021, 13 en 2022 y tres en 2023”, explicó.

El funcionario federal, puntualizó que 55% de los asesinatos que han ocurrido en este sexenio, es decir, 32 de ellos, se concentraron en seis entidades, siendo estas Sonora con nueve, Veracruz con siete, Guerrero con siete, así como Estado de México, Michoacán y Oaxaca con tres, respectivamente.

Detalló que solo en los casos de los asesinatos a periodistas, en 2022 y 2023 se abrieron investigaciones, resultando un total de 27 personas detenidas de las cuales 22 fueron vinculadas a proceso y se lograron cinco sentencias.

“Hay que decir que tenemos muchas décadas luchando contra la impunidad, lamentablemente los asesinatos de sexenios anteriores no han encontrado un esclarecimiento, ni el acceso a la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas”, dijo.

El representante de la Secretaría de Gobernación puntualizó que al inicio de la actual administración, se encontraban incorporadas 798 personas al mecanismo: 

“A la fecha se han adherido al mecanismo 1,372 personas más, lo que equivale a un incremento del 172%”

2,170 personas se encuentran protegidas; entre ellos, periodistas: Segob

En total, se encuentran protegidas 2 mil 170 personas, de las cuales 604 son periodistas, mil 179 son personas defensoras, y 387 son familiares de las personas beneficiarias.
Agregó que en el periodo comprendido entre enero y julio de 2023, se han incorporado 123 casos, de los cuales: 64 son de personas periodistas y 59 casos son de personas defensoras de derechos humanos.
Sobre las medidas implementadas por el Mecanismo de Protección, expuso que se han otorgado mil 513 botones de asistencia, 72 servicios de escolta, 299 elementos de policía local, 82 refugios de seguridad, así como 780 domicilios con infraestructura de seguridad.
Al hablar sobre el presupuesto para el mecanismo, Enrique Irazoque explicó que en la actual administración se han erogado recursos por más de mil 750 millones de pesos, además de los 560 millones de pesos aprobados como presupuesto para este año 2023.
Las y los legisladores se comprometieron a trabajar para que avance la reforma que homologue la ley en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos y/o de periodistas con las legislaciones locales en todo el país.