Va el INAI contra decretazo de 4T

24/11/21

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) presentará una controversia constitucional ante la Corte en contra del decretazo que blinda las obras de infraestructura del Gobierno federal.

Tras analizar los alcances del acuerdo presidencial publicado el lunes en el Diario Oficial, el pleno del INAI determinó ejercer esa facultad, al considerar que transgrede la Constitución.

“El Instituto buscará evitar que no se interprete que se puede reservar por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el Gobierno lleva a cabo”, señaló.

Además, analiza si el decreto vulnera el acceso a la información y el principio de máxima publicidad.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras e infraestructura a cargo del Gobierno, lo que, a decir de especialistas y legisladores, sumirá en la opacidad todos los proyectos gubernamentales.

En la mañanera, AMLO afirmó ayer que el acuerdo no tiene que ver con la transparencia, sino con agilizar trámites y evitar que suspensiones de amparo retrasen proyectos.

Para la Barra Mexicana de Abogados, el decreto es ilegal y viola disposiciones en materia constitucional, competencia económica, de debido proceso y de consulta previa.

El doctor en Derecho, José Roldán Xopa, aseguró que la medida crea un régimen de excepción y da al Gobierno una carta en blanco que le permitirá eludir la ley.

“Lo que hace el Presidente es que establece un trato especial para sus autorizaciones”, explicó.

** Consideran expertos ilegal el ‘decretazo’

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) calificó como ilegal e incorrecto el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador para considerar de seguridad nacional, prioritarios y estratégicos todos los proyectos y obras de su gobierno, para blindarlos contra las suspensiones por juicios de amparo.

“(Es) ilegal, con deficiente e incorrecta fundamentación constitucional. Solicitamos al Poder Ejecutivo Federal deje sin efectos el señalado acuerdo en respeto al Estado de derecho”, indicó en un posicionamiento público.

La BMA aseguró que el decreto es violatorio de disposiciones en materia constitucional, competencia económica, ambiental, de debido proceso, de consulta previa y en materia de progresividad, en materia de derechos humanos, así como de los contenidas en tratados comerciales.

“La BMA tiene en su objeto social, entre otras cosas, velar por el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y los tratados suscritos por el Estado mexicano, por ello manifestamos nuestra preocupación por el atentado al orden jurídico nacional”, sostuvo.

La medida que se publicó el lunes declara como asuntos de interés público y seguridad nacional los proyectos del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y otros que se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.

En el acuerdo se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal otorgar la autorización provisional en un plazo de cinco días y con vigencia de 12 meses, necesaria para iniciar los proyectos, para garantizar su ejecución oportuna.

Karla Kalycho, abogada del Colectivo Los Tres Barrios de Campeche, donde evitaron el desalojo ordenado por el Gobierno para el paso del Tren Maya, calificó el decreto como un acto de desesperación del Gobierno federal para obstaculizar la transparencia y para evitar un sistema de contrapesos.

“Es verdad que hay juicios de amparo que se presentan de manera ociosa, eso es normal en cualquier país, pero estos juicios ociosos son fácilmente derrotables a través de los medios de defensa y, además, no representan la totalidad de los juicios que se han presentado”, indicó.

Kalycho consideró que el decreto de López Obrador evitará las suspensiones provisionales en un juicio de amparo, por lo que el riesgo es que quienes tramiten un juicio así, no tendrán esa protección, y para cuando llegue la sentencia definitiva es posible que el daño ya se haya consumado.

“No en todos los juicios de amparo se dan suspensiones, depende del tipo de amparo que sea, pero sí hay muchos casos donde la suspensión es necesaria, por ejemplo, en los casos de los desalojos de la ciudad de Campeche, donde afortunadamente se logró la reubicación de las vías.

“Ahí una herramienta importante que sirvió fue la suspensión, si no hubiera habido suspensión, muy probablemente no se hubiesen modificado las vías y las personas hubiesen sido desalojadas y obligadas a salirse de su casas”, señaló.

La abogada consideró discriminatorio y clasista que López Obrador haya justificado su decreto por los supuestos amparos contra el Tren Maya que presentó el empresario Claudio X. González, pues la mayor parte de los amparos que se pusieron contra la obra, dijo, no fueron de empresarios, sino de pobladores que se organizaron en pequeños colectivos.

“Es increíble que el Presidente piense que en una obra de la magnitud del Tren Maya todos iban a estar de acuerdo”, señaló.

Víctor Oléa, primer vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados, y Karla Kalycho aseguraron que el decreto presidencial es fácilmente impugnable por inconstitucional y desproporcionado, aunque ahora estará en manos del Poder Judicial y del INAI.

“En mi opinión ese decreto es plenamente impugnable en amparo”, dijo Oléa vía telefónica.

“Es bastante preocupante; por un lado, porque es manifiestamente inconstitucional, ilegal y desproporcionado, pero por otro lado, nos deja en un estado de bastante incertidumbre jurídica, porque ahora va a depender del Poder Judicial el entender cuál va a ser el impacto real de este acuerdo”, añadió Kalycho.